La presidenta Sheinbaum dio a conocer la semana pasada la conformación de un comité de expertos que analizará si es viable la explotación de gas en México a través del llamado “fracking”, es decir, la fracturación hidráulica de rocas de baja permeabilidad. El comité, integrado por funcionarios públicos, científicos y especialistas en ingeniería, deberá entregar un informe en un plazo de dos meses.
Este giro en la política energética es positivo. Nuestro país cuenta con reservas enormes de gas de lutitas, especialmente en la cuenca de Burgos, Sabinas y Tampico-Misantla. La renuencia de la administración anterior a cuando menos explorar la viabilidad de esta opción, con el argumento de sus costos ecológicos, es absurda.
Para empezar, esto soslaya que el país importa 75% de sus necesidades de gas, sin preocuparse por qué parte de ellas fue extraída mediante fracking. Además, una dependencia tan elevada de compras principalmente a Estados Unidos de un insumo vital da lugar a riesgos descomunales, ya sea como resultado de accidentes como los ocurridos en Texas en 2021, o de factores de naturaleza política.
Pero antes de echar las campanas al vuelo, es necesario enfatizar que este es un tema de gran complejidad que exige el cumplimiento de numerosas condiciones para ser exitoso. Por ello, una opinión objetiva e independiente del referido comité sería muy útil.
La experiencia estadounidense muestra que el fracking requiere de inversiones considerables y se caracteriza por curvas de declinación en la producción muy altas, lo que las hace financieramente muy riesgosas. Por tanto, para atraer recursos suficientes, es esencial contar con un grado razonable de certeza de que los precios de venta del gas justifican la inversión. Pero además se necesita, como mínimo, acceso a los recursos hídricos empleados por esta técnica, una infraestructura adecuada, un marco institucional propicio, un manejo eficiente de su impacto ambiental y apoyo social.
Por tanto, la pregunta que debe responder el comité es si las condiciones económicas, institucionales y sociales en México permiten explotar de una manera rentable esta actividad. La respuesta no es sencilla.
Los costos de producción de gas en Estados Unidos han disminuido considerablemente tras dos décadas de aprendizaje, economías de escala y eficiencias operativas. Dado que sería ingenuo pensar que nuestro país va a obtener resultados equivalentes en un plazo breve, la importación de gas seguramente será una opción más económica durante un periodo prolongado. Se podría utilizar el argumento de seguridad energética para justificar la inversión, pero el diferencial de costos tendría que ser absorbido por alguien distinto del productor (el gobierno, los consumidores o las empresas). Todas estas opciones tendrían costos fiscales o políticos elevados. En todo caso, el comité tendría que estimar y transparentar los costos, y compararlos con los de alternativas como el almacenamiento de gas o el uso de energías renovables.
La fracturación hidráulica utiliza volúmenes de agua considerables. El problema es que las zonas con mayor potencial para el fracking se encuentran en regiones con estrés hídrico estructural: los yacimientos de Burgos y Sabinas, en la Región Hidrológica del Río Bravo, y Tampico-Misantla, en la del Pánuco. Además, un segmento importante de la cuenca del Río Bravo se ubica en zonas de veda para nuevas concesiones de agua con propósitos agrícolas, urbanos o industriales, lo que podría hacer la opción del fracking políticamente explosiva. A esto habría que agregar la obligación de entregar agua del Río Bravo a Estados Unidos conforme al Tratado de 1944. El comité deberá evaluar si existen alternativas (reutilización de agua, uso de aguas salobres, etc.) que permitan una solución viable.
Ante las limitaciones de recursos financieros y tecnológicos de Pemex, y las características del fracking, se requiere capital privado nacional y extranjero masivo, un marco regulatorio adecuado y arbitraje internacional en caso de disputas. El esquema institucional actual no cumple con estas condiciones. La reforma constitucional de 2024-2025 restableció el papel preeminente de Pemex y CFE como empresas del Estado y reformó el marco regulatorio para limitar la participación privada en el sector de hidrocarburos. Y las opciones disponibles para el involucramiento del sector privado no son suficientemente atractivas. La opinión imparcial del comité sobre este tema será fundamental.
Respecto del impacto ambiental del fracking, las mejoras a lo largo del tiempo han sido significativas, abarcando un mayor reúso de agua, menores fugas de metano y atenuación de los problemas de sismicidad, entre otras. Sin embargo, existen temas por resolver. Al emitir su opinión, el comité también debería aclarar si, como parece ser, no obstante su relevancia, los aspectos ambientales no son el principal reto derivado del fracking.
Obviamente existen muchas otras dudas. Por señalar algunas: ¿Quién va a financiar la infraestructura requerida para hacer viable el fracking? ¿Cómo se van a solucionar los graves problemas de inseguridad en el noreste mexicano? ¿Y los retos para lograr el apoyo social, que podrían ser más serios en este caso?
A pesar de las dificultades señaladas, hay argumentos suficientes para explorar el potencial del fracking en México. Pero también es indispensable tener presente que este cambio de rumbo en la política energética es apenas un primer paso. Y que, para demostrar la seriedad de la iniciativa, es necesario mandar a la brevedad una señal clara de que el gobierno está dispuesto a hacer los ajustes necesarios a las políticas públicas para que esta opción sea suficientemente atractiva para la inversión privada, tanto nacional como extranjera. ¿Qué opina el comité?
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