En el país se presta poco, caro y los beneficios de un sistema financiero mejor regulado aún no llegan a toda la población. Se puede decir que la penetración de financiamiento es del 29% como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). Existe un incipiente nivel de crédito doméstico al sector privado (27.7% del PIB) y de ahorro (55.7% del PIB). Aunado a lo anterior, el crédito es particularmente escaso para las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) que son las que generan tres de cada cuatro empleos en el país, lo que impacta a emprendedores para iniciar y hacer prosperar su negocio.

Cerca de 20% de la población adulta no utiliza ningún servicio financiero formal o informal; alrededor de la mitad de los municipios rurales no cuentan con una sucursal bancaria o infraestructura financiera; la cantidad de crédito que otorgan los intermediarios financieros es muy baja en comparación con otros países.

Finalmente, el problema de la inequidad y exclusión en México tiene un componente de género que es muy importante, de tal forma que menos de la mitad de las mujeres acceden a mecanismos formales de financiamiento.

Ante el escenario de los cambios en las políticas públicas enfocadas al emprendimiento en México, se abren perspectivas de desarrollo e innovación donde la búsqueda de fondeo lleva a los emprendedores a la ineludible disyuntiva de continuar con sus actividades, sin depender en mayor medida, de los apoyos financieros gubernamentales que se otorgaban a través de convocatorias y/o concursos, o bien reinventarse, aumentando la capacidad de generar recursos propios, en especial los proyectos en etapa semilla.

El emprendimiento en otras latitudes tiene diversas modalidades de apoyo, públicas o privadas. En las primeras, existen instituciones que administran recursos del erario dirigidos a fomentar y apoyar industrias determinadas por el modelo de desarrollo económico del país; estas industrias clave y/o futuras, promueven el desarrollo de propuestas tradicionales o disruptivas que se ajusten a estos modelos.

En el nuevo escenario de políticas públicas, donde el emprendimiento parece encaminarse hacia estrategias dirigidas a la búsqueda de financiamientos en el sector privado, en cualquiera de las modalidades existentes, el emprendedor deberá convencer de manera rotunda a los inversionistas o fondos mediante un esquema, que compromete de manera importante al equipo emprendedor a desarrollar modelos de negocio que generen garantías de sustentabilidad y sin duda, representa también un embudo para los proyectos que están en etapa semilla o de incubación, pero que de forma contundente generará emprendedores más fuertes, en estadios medios de necesidad de capital.

Hasta el momento, el segmento de prototipos, ideas o proyectos queda como tema pendiente, en el que los actores del ecosistema mexicano tendrán que sugerir o proponer políticas públicas para el tipo de emprendimiento de innovación, compartiendo aprendizajes, impactos y metas alcanzadas, y de igual forma, señalar las enormes áreas de oportunidad que quedan como experiencia de las políticas públicas anteriores, lecciones que estarán pendientes y que podrán fortalecer la nueva estrategia.

Lo anterior, llevará a incubadoras, aceleradoras, emprendedores e instituciones privadas a esforzarse por diseñar modelos por industria, innovación tecnológica o impacto social, que a través de concursos o convocatorias sean sujetos de financiamiento bajo esquemas conocidos como fondos revolventes de comprobación por destino de gasto, así como factores imprescindibles como la perdurabilidad de la empresa; indudablemente en el marco de honestidad y valores.

Sin duda, las políticas públicas deberán generar oportunidades que permitan mantener los impactos y alcances logrados, así como el posicionamiento del ecosistema mexicano en el ecosistema mundial, sin dejar de lado los esfuerzos que cada actor del mismo desarrolló durante los últimos años.

Temas prioritarios para el emprendimiento en México.

Uno de los temas macro que determina la crisis existencial del emprendimiento en México, es la determinación de marcos jurídicos, fiscales y programas de incentivos que fortalezcan e impulsen la actividad económica, y con ello, los tratados internacionales de comercio, las medidas de apoyo e impulso en la frontera norte del país, así como las medidas que en el Programa General de Desarrollo y de la cartera de Economía den certeza al ecosistema de emprendimiento nacional.

Algunas de las medidas a considerar será sumar la aceleración lograda en el desarrollo de un ecosistema de financiamiento no tradicional, los programas de inclusión financiera, el desarrollo de líneas específicas para fondeo colectivo; todos estos proyectos de desarrollo que permiten la retroalimentación del mercado para cubrir la brecha entre la demanda de financiamiento de los empresarios y las Mipyme, con un entendimiento del mercado y un mayor número de recursos para llevar el desarrollo de ideas hacia futuras empresas. El acceso a los servicios financieros es determinante en el desarrollo de cualquier economía, ya que facilita la reducción de la pobreza y el crecimiento económico. Sin duda este tipo de políticas públicas contemplan una serie de objetivos, estrategias y líneas de acción en distintos sectores y ámbitos.

La generación de medidas de fomento en torno a la capacidad emprendedora, deben incluir por lo tanto, líneas específicas de atención como impulsar la innovación, crear empleo, diversificar la actividad económica y contribuir a la reducción de la desigualdad de ingresos al democratizar el acceso al financiamiento y al conocimiento por medio de las tecnologías digitales, así como la obtención de fondos para el desarrollo de productos, la expansión de operaciones o el arranque de nuevos negocios.

Presidente del Comité Técnico Nacional de Emprendimiento del IMEF

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