Claudia Sheinbaum presenta este viernes su proyecto de gobierno para el campo, la alimentación y del desarrollo rural. El plan de Sheinbaum es una propuesta de continuidad, con múltiples ajustes, que considera no solo la dimensión productiva de la actividad agropecuaria, sino las implicaciones sociales para la producción de alimentos y la vida en el campo. La propuesta de Sheinbaum se encuentra condensada en seis de los 100 puntos que la candidata presentó en el Zócalo el 1 de marzo, pero se presenta con amplio detalle en el documento extenso disponible en línea y titulado 100 Pasos para la Transformación. Al respecto, presento algunas reflexiones.

Primero, que la propuesta de Claudia Sheinbaum conserva como actores centrales a los sectores de la población más vulnerables del campo. El campo mexicano es increíblemente diverso, a la vez que desigual. No puede omitirse que la política agropecuaria y para el desarrollo rural antes del sexenio de AMLO era altamente regresiva y que los denominados apoyos al campo estaban pulverizados. Además, los programas estaban frecuentemente capturados por organizaciones y líderes locales.

Es impreciso decir que los programas como Producción para el Bienestar o Sembrando Vida sean de corte asistencialista. El problema está en pensar que para los campesinos y productores pequeños la única forma de recibir apoyo sea a través de transferencias sociales. Es cierto, existen aún deficiencias en la manera en que los programas buscan hacer más productiva la actividad de pequeños y medianos productores, para lo cual se requiere que estos programas se complementen con mejores insumos, asistencia técnica y, crucialmente, acceso a mercados, incluso a los de exportación.

En segundo lugar, la propuesta de Sheinbaum tiene como objetivo incrementar la producción, con una serie de estrategias que les den a los productores más certeza sobre los precios, les ayuden a reducir riesgos y provean opciones de financiamiento. Y es que, en la actualidad, incluso los campesinos y los pequeños productores, venden y compran insumos y productos de manera cotidiana.

Más aún, no es que el campo esté en crisis. El sector agropecuario en México ha tenido un desempeño sobresaliente en los últimos años, con una producción histórica de alimentos por encima de los 300 millones de toneladas en 2023, con un récord de exportaciones agroalimentarias y con una sólida posición de ciertos productos muy redituables en mercados internacionales de exportación.

Pero, incluso para los productos e industrias exitosas, existen pendientes que la propuesta de Claudia Sheinbaum contempla, en particular, lo referente a la provisión de mejores bienes públicos, como sanidades, y la mejora en el acceso al crédito.

Finalmente, la propuesta de Sheinbaum no es contraria a la evidencia científica, sino que balancea lo que sabemos sobre las consecuencias del uso de algunas tecnologías, con los intereses de seguridad y de conservación del patrimonio biocultural.

Por ejemplo, la posición respecto a los maíces transgénicos no es una simple posición ideológica. La amplia evidencia científica sobre el riesgo de contaminación genética respalda que México, como centro de origen mundial del maíz, fije un objetivo de conservar la variabilidad genética del cultivo que representa la base de la alimentación de la población.

Por otro lado, el plan de Claudia Sheinbaum plantea la necesidad de impulsar una transición agroecológica, que es clave para que la producción de alimentos sea sostenible en el largo plazo. Esta forma de producción no es exclusiva de la pequeña escala y, en el futuro, incluso la producción empresarial no podrá llevarse a cabo sin asimilar muchas de las prácticas relacionadas con la conservación del suelo y el uso de fertilizantes agroecológicos.

Tradicionalmente, las prioridades de los productores y las personas que viven en el campo han tenido un papel secundario para las políticas públicas. Y aunque se han presentado algunos avances en años recientes, como la reducción de la pobreza rural entre 2018 y 2022, desde 58 a 49%, las condiciones de vida en general siguen siendo desventajosas, con respecto el ámbito urbano y con respecto a quienes se dedican a otras actividades productivas.

En particular, existe todavía mucho por hacer para mejorar las condiciones de trabajo, de acceso a salud y de educación de los jornaleros del campo y la pesca, así como de sus familias, quienes constituyen una de las poblaciones más precarizadas del país. Existe también una amplia brecha de género en el campo, donde las mujeres enfrentan severas dificultades para poseer y heredar tierra, y para que se les sean reconocidos sus derechos en materia agraria.

Es cierto que incrementar la productividad del campo es un objetivo central de política. Pero también es cierto que no debe perderse de vista que todavía seis de cada 10 personas en pobreza viven en el campo, que ser pequeño o mediano productor todavía garantiza una vida digna para las familias que dependen de esta actividad y que la soberanía alimentaria no puede ser tal si la producción degrada los suelos, el agua y los ecosistemas.

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