Las críticas a la devastación ambiental provocadas por fracking no son precisamente un secreto; lo verdaderamente notable en días recientes es la persistencia con la que la clase política mexicana, acompañada por no pocos intelectuales, insiste en maquillar la fractura hidráulica como una opción razonable para poner en marcha. Tendrán que ir a Pensilvania y explicar a las familias de niños expuestos a mayores riesgos de cáncer que todo es coincidencia, o decirle a las mujeres de Colorado que los nacimientos prematuros no guardan relación alguna con la proximidad a los pozos; también habría que convencer a quienes viven en la Meseta de Allegheny, en la región de los Montes Apalaches, o en Wyoming, de que el agua contaminada es solo una desafortunada casualidad, y a los habitantes de la Cuenca Pérmica (Texas y Nuevo México) de que el aire saturado de emisiones no tiene nada que ver con la intensidad extractiva. Y ya entrados en materia, explicar a la Nación Mandan, Hidatsa y Arikara en Dakota del Norte o a la Nación Navajo en Nuevo México que el despojo y la destrucción de su tierra no es por la fractura hidráulica, sino que son simples casualidades.
Pero no: ahora se nos pide creer gracias a credenciales académicas de la presidencia y comités de expertos cuidadosamente convocados, el fracking podría reinventarse bajo una lógica supuestamente “amigable con la Tierra”. ¿Por qué no fueron invitados al Comité de ‘Expertos’ que se anunció con bombo y platillo en la mañanera a los pueblos y comunidades que han sido despojados de sus tierras, expuestos a la contaminación y afectados en su salud por el fracking, y en su lugar se privilegió a un círculo de “expertos” que abordan su viabilidad como si fuera un asunto estrictamente técnico, y no de vidas humanas que están siendo profundamente agredidas por el uso de la fractura hidráulica?
Lo que interesa subrayar aquí no es lo que ya ha sido ampliamente documentado (aunque sistemáticamente silenciado) sobre la devastación ambiental y social del fracking, sino el carácter profundamente maniqueo de su justificación en nombre de una supuesta “soberanía energética”. De pronto, la clase política mexicana se refugia en el argumento de la dependencia del gas importado desde Estados Unidos para presentar la fractura hidráulica como una necesidad inevitable, casi como un acto de responsabilidad nacional. Pero ese giro discursivo, tan oportuno como selectivo, borra de un plumazo el hecho de que esta narrativa emerge en el contexto de las tensiones y renegociaciones del T-MEC, justo cuando Estados Unidos redobla presiones para garantizar acceso a recursos estratégicos en la región. No es menor que esto ocurra en un escenario donde ya existen señales de desaceleración en la producción de gas natural estadounidense y donde se intensifica la disputa por el control del mercado global de gas, impulsada por agendas políticas expansivas como las asociadas a Donald Trump.
En ese marco, la súbita apertura al fracking en México difícilmente puede leerse como una decisión soberana; más bien parece responder a una lógica de alineamiento estructural, donde el lenguaje de la autosuficiencia encubre nuevas formas de dependencia. Porque, en los hechos, la fractura hidráulica no es una industria que México pueda desarrollar de manera autónoma: es intensiva en capital, tecnología y financiamiento continuo, condiciones que PEMEX está lejos de poder sostener. La puerta al fracking no se abre para procurar “soberanía energética” sino para los grandes monopolios energéticos como ExxonMobil, Chevron, Halliburton, entre otros barones de la energía fósil y sus grandes mandos que son las gestoras financieras como Black Rock, que concentran el conocimiento técnico y la capacidad financiera. En otras palabras, el discurso de soberanía opera como una coartada para legitimar la expansión de una industria destructiva y monopolizada. Lo que se presenta como solución estratégica termina así reproduciendo, bajo un nuevo ropaje, formas redobladas de subordinación energética.
Trump obedece precisamente a los grandes monopolios energéticos que buscan consolidar su expansión en América Latina (ver caso de la apropiación de Vaca Muerta en Argentina por parte de las grandes corporaciones energéticas) y en el mercado global. En ese esquema, México aparece como una pieza estratégica: no solo por su condición de principal importador de gas natural desde Estados Unidos, sino por la posibilidad ahora de convertirse en un enclave gasífero cada vez más subordinado al control corporativo. Eso es, en el fondo, lo que está en juego en la mesa de “negociación” del T-MEC y en los recientes anuncios de públicos sobre el uso de la fractura hidráulica e el país.
Si la presidenta promete “soberanía energética”, que empiece por derogar la reforma energética del 2013 y enviar petróleo a Cuba. Solo entonces se podrán tomar las palabras con más seriedad.