El 12 de marzo de 2023 una denuncia anónima informó a las autoridades de la CDMX del “ingreso de gente armada y el ingreso de personas con armas” a una empresa, Black Wallstreet Capital, ubicada en Cuvier 104, colonia Anzures.
“Personalmente he observado cómo ingresan maletas de lo que creemos es armas, drogas o dinero… Desde que esta empresa se instaló en la calle se empezaron a ver colombianos y gente de otras nacionalidades que ingresan mochilas o paquetes”, se leía en la denuncia.
Dos agentes de la policía capitalina fueron comisionados para establecer “una vigilancia discreta”. El 14 de marzo, los agentes tenían listo su reporte. Decía que un día antes habían visto llegar un hombre a bordo de una moto azul; que dos sujetos salieron a recibirlo y le entregaron un paquete envuelto con cinta canela en forma de rectángulo. “Conforme a nuestra capacitación y experiencia como policías”, se lee en el reporte, los agentes determinaron que aquel tipo de paquetes corresponden a “la forma en que se confecciona la cocaína para su venta”.
El motociclista, agregaron, entregó a aquellos hombres un sobre de color amarillo. Los agentes afirman que vieron que en el sobre había un fajo de billetes de 500 pesos, porque quien lo recibió lo había abierto antes de guardárselo en el saco. Vieron también que en la calle había sujetos con armas cortas bajo el saco, “haciendo vigilancia con celulares”.
Más tarde —prosigue el informe—, los agentes vieron llegar una camioneta de la que bajaron tres hombres, uno de los cuales portaba una maleta negra de piel. Los agentes notaron que los recién llegados también portaban armas bajo el saco. Un vecino, agregaron, les confirmó que en el domicilio había movimientos extraños, y que llegaban carros y motos sin placas a entregar y recoger paquetes con “lo que pareciera droga”.
El reporte fue dirigido al MP de la fiscalía de investigación, Erick Armando Pérez Venegas. Con esa información, ese mismo día se solicitó y autorizó una orden de cateo por presuntos delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo.
Según el acta circunstanciada firmada por Pérez Venegas y una veintena de agentes, policías y peritos, el 15 de marzo se llevó a cabo la diligencia. En el garaje del inmueble había 16 personas, que se identificaron como choferes y escoltas, “y quienes al principio se negaban a cooperar”. Se lee en el acta que luego de tocar en dos ocasiones “por un lapso de 5 segundos” sin que nadie abriera, y como la puerta principal estaba blindada, los agentes tuvieron que hacer un agujero en la pared para poder entrar.
En el primer nivel del domicilio encontraron a 11 personas que se identificaron como asesores financieros y personal del área jurídica de la empresa. El acta indica que se les revisó de manera precautoria y luego se les dejó ir.
En el segundo piso se hallaba el dueño de la empresa, Juan Carlos Minero. Dice el acta que se le hizo saber y se le mostró la orden de cateo, que se le dio una copia y se le pidió que la firmara.
De acuerdo con el documento, en la oficina principal los agentes hallaron a los socios de Minero, así como ocho armas largas y cortas, cartuchos y dólares estadounidenses. Dice el documento que en un cajón había dos envoltorios con “sustancia sólida” que un perito identificó como cocaína.
Todo esto fue hallado a una distancia aproximada de entre 2 y 4 cuatro metros de los socios Juan Carlos Reynoso (peruano), José Antonio Rodríguez García y Hernán Samper Richard (argentino).
Se determinó que había flagrancia en el delito de narcomenudeo, así como en los de posesión de armas y operación con recursos de procedencia ilícita. Los cuatro socios fueron detenidos, así como uno de los escoltas (al que se acusa de posesión de armas y cartuchos). A 26 personas de aquel supuesto centro de narcomenudeo se les dejó ir.
Venegas y sus hombres presentaron como evidencia una bolsa con 168 mil dólares que decían haber hallado sobre un escritorio.
Durante la diligencia, los agentes destruyeron las cámaras y los equipos de video de la empresa. No contaban con que había un sistema de monitoreo alterno que grabó momentos cruciales de su actuación en el domicilio.
Dichos videos, presentados hace unos días por Ciro Gómez Leyva en su noticiero, muestran que las cosas sucedieron de otro modo. Totalmente de otro modo. Que no hay nada, absolutamente nada, por ejemplo, en los escritorios donde los agentes dijeron que habían hallado las armas y la droga.
Juan Carlos Minero se comunicó conmigo desde la cárcel. Su empresa, de resguardo de valores y asesoría financiera, había recibido a principios de marzo una fuerte cantidad de dólares en efectivo: en la bóveda había unos tres millones de dólares estadounidenses y unos 15 millones de pesos mexicanos.
Minero afirma que opera bajo las normas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y que es sometido a continuas y rigurosas revisiones. Uno de sus clientes, por ejemplo, opera los Duty Free de los aeropuertos nacionales. El dinero que ahí se recauda en efectivo es enviado en camionetas de valores a Black Wallstreet Capital a fin de que desde ahí se realicen diversas inversiones.
Según los abogados de Minero, la empresa tiene alrededor de 200 millones de dólares en contratos con diversos inversionistas.
“Todo conforme a la ley –dice Minero–. No hay un solo peso que no esté soportado en documentos y contratos”.
Dice que aquel día vieron a hombres encapuchados en la entrada del garaje y que pensaron que se trataba de un robo. “Marcamos al 911. Cuando comenzamos a oír que estaban demoliendo la pared, intentamos sacar el dinero de la bóveda para esconderlo”.
Se trataba, según se ve en las imágenes presentadas por Ciro Gómez Leyva, de dos maletas, dos bolsas y una caja repletas de dólares, que trataron de esconder en la azotea y otros lugares de la empresa.
Entonces aparecieron los hombres de Erick Armando Pérez Venegas, a quien se ve en el momento de buscar las cámaras de vigilancia y ordenar su destrucción.
–¡Se los cargó su puta madre ahora sí, cabrón!
Las bolsas que se ven en las imágenes no fueron presentadas ante la autoridad. Los agentes de la fiscalía, dice Minero, se robaron cuanto pudieron, “hasta un cuadrito con un billete de dos dólares que tenía yo ahí”. Después de golpearlos en la cabeza y el estómago, obligaron a Minero a firmar que estaba de acuerdo con el cateo y trasladaron a los detenidos en medio de amenazas.
Los tres millones de dólares se esfumaron. Cuando el escándalo estalló 70 días después, la fiscalía capitalina separó del cargo al MP Pérez Venegas “por posible deficiencia en la integración de la carpeta” y porque “presuntamente ocultó evidencia”.
Los detenidos llevan más de dos meses en prisión y los autores del “cateo” continúan en sus cargos.
¿Dónde está el dinero que aparece en las imágenes de video? ¿Para dónde se fue y qué tan arriba llegó? El escándalo de un robo como en tiempos del general Durazo sacude a la fiscalía de Ernestina Godoy.
