Aquel día el palacio municipal de Salvatierra, Guanajuato, se hallaba silencioso y un poco desierto. Buena parte del personal había faltado a sus labores. Quienes sí habían asistido se encontraban en estado de shock.
La ciudad había amanecido con la noticia de que tres altos funcionarios y un auxiliar administrativo habían sido acribillados la noche anterior en uno de los bulevares principales de Salvatierra.
Esa noche, 25 de marzo de 2019, la policía recogió 80 casquillos en el bulevar Juan Jesús Posadas Ocampo. Recogió también los cuerpos del jefe de gabinete de la panista Alejandrina Lanuza ; del director de Desarrollo Institucional, del director de Construcción a la comunidad, y del ya mencionado auxiliar administrativo.
Tres de las víctimas se hallaban en el interior de un Dodge de color negro. La cuarta, que había echado a correr, fue localizada a 300 metros del auto.
Testigos indicaron que el comando que los atacó había huido en una camioneta negra. Un diario local reveló que dos de los directivos eran oriundos del estado de Jalisco, y que el otro había llegado procedente del Estado de México.
El 7 de abril, en un operativo de la Marina y la Fiscalía General del Estado, fue capturado un sujeto apodado El Mayor.
Era el jefe de plaza del Cártel de Santa Rosa de Lima, la organización que dirigía José Antonio Yépez, El Marro.
El Mayor fue acusado del asesinato de los cuatro funcionarios. En razón de su origen, el Cártel de Santa Rosa consideraba que estaban operando en beneficio del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Todo esto fue olvidado muy rápidamente.
Salvatierra, sin embargo, aparecía enlistado entre los municipios con mayor índice de homicidios en el país. En 2018 había figurado entre los más violentos de México. Los asesinatos mostraban una tendencia constante de ascenso al menos desde 2015.
En redes sociales, los habitantes de este lugar reportaron que algunas noches se oían tiros, gritos; había ruido de persecuciones.
Nadie atendió lo que había detrás de esto. En mayo de 2020, durante un operativo para detener al Marro, hubo a las afueras de Salvatierra una quema masiva de vehículos. Al mes siguiente cinco personas fueron ejecutadas en un domicilio.
En julio fue aprehendido un colaborador del Marro que había participado en el ataque a una fiesta de graduación desde un vehículo en movimiento.
En agosto, Salvatierra colaboró con su cuota de muerte en uno de los fines de semana más violentos de este año en Guanajuato (en el que el saldo fue de 42 homicidios).
A mediados de octubre, dos personas fueron ejecutadas en un campo de futbol.
Seguían los rumores. Las redes hablaban de gritos nocturnos, de movimientos extraños, de ruidos “de como si estuvieran picando la tierra” en baldíos ubicados a las puertas de la ciudad.
La semana pasada, autoridades y colectivos que buscan familiares desaparecidos llegaron a Salvatierra y se encaminaron a un predio ubicado a espaldas del rastro municipal. Habían recibido denuncias de vecinos, según la Comisión Nacional de Búsqueda. Miembros de la delincuencia organizada, según otra fuente, les habían entregado información, a cambio de beneficios.
Durante ocho o nueve días los colectivos rastrearon la zona de sol a sol. Picando aquí y allá encontraron el “narcocementerio” más grande localizado hasta hoy en Guanajuato: más de 70 cuerpos sepultados a flor de suelo, bajo montículos de tierra removida.
De aquella zona de muerte emergieron cuerpos, collares, llaveros, ropas, zapatos. Había cadáveres de jóvenes y de adolescentes. Se hallaban ahí los restos de entre 10 y 15 mujeres. Estaban también los instrumentos que los verdugos habían empleado. Machetes, palas, tablas, herramientas diversas.
Los integrantes de los colectivos de búsqueda consideran que podrían hallarse en el Rancho San Juan más de cien cuerpos.
La mayor parte de las fosas clandestinas localizadas en el país han sido halladas en cerros, en barrancas, en ranchos y predios apartados. El cementerio del Cártel de Santa Rosa se hallaba en las inmediaciones de la zona urbana, prácticamente a la vista de quien quisiera verlo. Esto solo puede explicarse de una forma: quienes llevaron los cuerpos al Rancho San Juan no tenían que cuidarse de la policía: podían hacer su tarea incluso con el cobijo, la protección de los cuerpos de seguridad.
Dos jefes de célula del Cártel de Santa Rosa, según testimonios obtenidos por las autoridades, emprendieron en Salvatierra una “limpia”. Sus víctimas eran interrogadas, torturadas y sepultadas en aquel rancho.
De ese modo construyeron el horror que hoy ha salido a flote.
En su última entrevista, antes de abandonar el cargo para buscar una candidatura en Sonora, el exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo sostuvo “que ninguna zona del país está actualmente dominada por el crimen organizado”.
Dos días más tarde, habían emergido en Salvatierra los primeros 59 cuerpos. El rosario dantesco de un país que no es el del exsecretario.