Goza del respaldo de la presidenta de la república y se empeña en transmitir, a toda costa, confianza y tranquilidad. Eso, a la luz del día.
En lo privado y en lo oscurito, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, ha buscado acercarse a agencias de inteligencia de Estados Unidos a través de un grupo de contactos –“asesores externos del FBI”, según fuentes de inteligencia consultadas-- que le han ofrecido reunirse con ella y con sus abogados “en el consulado americano, en una oficina en Tijuana”, para ayudarla con las “sanciones y cargos” que el gobierno estadounidense podría presentar en breve en su contra.
En el audio de una reunión con el grupo de “gestores” que prometió ayudarla a entrar en comunicación con dicha agencia, la gobernadora afirma que buscó la ayuda de un abogado “alejado de Baja California para que no fuera a filtrarse”, y comenta que quisiera que todo se lleve a cabo a través de este, “para que él se encargara de todos los trámites legales y jurídicos y que él me pudiera explicar exactamente toda la situación”.
--¿Cuál es el nombre de su abogado? –le preguntan.
La gobernadora menciona el nombre de Michael Nadler, el exfiscal del Distrito Sur de Florida que llevó el caso en contra de Alex Saab, el empresario favorito del régimen de Nicolás Maduro al que se acusó de lavar al menos 350 millones de dólares defraudados a Venezuela a través del control cambiario, y de enriquecerse, entre otras cosas, con la venta de comida de mala calidad distribuida por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción.
Nadler logró vencer las trabas impuestas por el chavismo y extraditar a Saab a los Estados Unidos. Hace seis años causó revuelo en los medios al anunciar que, luego de encarcelar a los principales delincuentes de Venezuela, renunciaría a su puesto para comenzar a ejercer en privado.
Nadler es un abogado caro, que lleva casos de altísimo perfil.
“Él viene para acá cuando se requiere, una vez al mes…”, dice Marina del Pilar en el audio que fuentes de inteligencia me han compartido.
“Puede traer a sus abogados con gusto y lo podemos hacer en el consulado americano, en una oficina en Tijuana”, le responden.
Hace poco más de un año --mayo de 2025-- la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, anunció que Estados Unidos les había revocado la visa tanto a ella como a su esposo, Carlos Torres Torres.
De manera oficial, él era coordinador de Proyectos Estratégicos de su gobierno. Para las agencias de seguridad estadounidenses, Torres era en realidad el engranaje que permitía a Los Rusos, facción del Cártel de Sinaloa, operar abiertamente en Baja California.
A Torres se le ha acusado de recibir 9 millones de pesos mensuales a cambio de permitir las actividades de ese grupo criminal. En los días en que se hizo público el retiro de su visa, aseguró que se trataba solo de “criterios administrativos cada vez más comunes”.
La gobernadora declaró que se sentía tranquila “y con la frente en alto”, y le refrendó a su esposo su respaldo “moral y político”.
Fue la primera política mexicana que confirmó públicamente que la visa le había sido retirada. La orden había llegado directamente desde el Departamento de Estado. A ningún gobernador mexicano en funciones Estados Unidos le había retirado la visa.
Como ocurrió después en el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, también acusado de proteger actividades del crimen organizado, la presidenta Claudia Sheinbaum no tardó en salir en defensa de Ávila Olmeda, ni en lanzarse en contra de los políticos del pasado, “que entregaron el país” y “permitieron el injerencismo”.
En una visita a Palacio Nacional, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, comunicó su sorpresa ante el apoyo que la presidenta estaba brindando a Ávila: con bastante antelación se le había avisado de lo que venía. La presidenta siguió haciendo patente su respaldo a la gobernadora, pese a que las presiones siguieron aumentando.
A tres meses del escándalo, Ávila declaró que se hallaba en proceso de recuperar su visa y señaló que seguía trabajando en coordinación con Estados Unidos “en un ambiente de mucho respeto”. Volvió a insistir en que se trataba de “temas administrativos”.
Cinco meses después del escándalo de las visas, en lo que se leyó como una jugada de control de daños, Ávila anunció que se había divorciado de Torres Torres. En enero de 2026, tras una larga reunión de trabajo en la que participaron enlaces de México y Estados Unidos, Mario Delgado fue visto en Baja California en charla con la mandataria. Se especuló que la reunión tenía como fin acordar la separación de Ávila del cargo.
Ese mismo mes, sin embargo, la presidenta Sheinbaum expresó que “la gobernadora tiene nuestro apoyo” y subrayó los resultados que esta ha obtenido “en muchos temas, particularmente en el tema de seguridad”. La presidenta anunció que Marina del Pilar llegaría “bien” al final de su gobierno.
La gobernadora, al parecer, no estaba tan segura. Comenzó a buscar, como afirma ella misma en el audio filtrado, la manera de llegar al FBI para “resolver eso y aclarar cualquier cosa”.
Sostiene Ávila en la breve conversación que ha estado reuniéndose con las agencias “que la han buscado”. En esta parte de la conversación no queda claro por qué tuvo que buscar entonces los servicios de “asesores externos”. No queda claro cuáles serán los términos con que se le ayudará con las “sanciones y cargos”.
No queda claro, tampoco, de dónde vienen los recursos con que contrató uno de los despachos más caros de Miami. Lo que sí queda claro es que, mientras ella transmite tranquilidad, Nadler se reúne con ella “cuando se requiere, una vez al mes”.
Parece demasiado para un simple asunto administrativo.
@hdemauleon
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