La hermana de la secretaria de Gobernación, la hermana del actual jefe de gobierno capitalino y la consejera jurídica de la Presidencia, son las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador para sustituir, durante los 15 años siguientes, el puesto que deja vacante en la Suprema Corte de Justicia el exministro Arturo Zaldívar.
Comienza de ese modo, con la terna del escándalo y el nepotismo, el embate final del gobierno obradorista para tener en el último tramo de su gobierno, y poder legar a su posible sucesora, una Corte a modo que le permita perpetuar lo que él considera su legado.
Reventó anoche el escándalo, el ¡fuera máscaras! Alrededor de la SCJN. Sobrevendrá de manera irremediable el estira y afloja en el Senado, que deberá aprobar o rechazar la terna (aunque en todo caso el presidente enviará otra y al final terminará ganando), y mientras tanto al país se le viene encima una fecha crucial: el día en que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Inai, tendrá que elegir a quien ocupe su presidencia.
La actual comisionada presidenta, Blanca Lilia Ibarra, concluye su gestión el 10 de diciembre. La sesión para elegir una nueva presidencia está programada para el 7 de diciembre de este año.
El pleno del Inai cuenta únicamente con cuatro comisionados, de los siete que deberían integrarlo. López Obrador comenzó a bombardearlo desde los primeros meses de 2019, cuando su gobierno aún olía a nuevo.
Fue uno de los organismos autónomos que el presidente decidió dinamitar. En abril de ese año, en una “mañanera”, desató la ofensiva. Lo hizo, como siempre, confundiendo, engañando, echando mano de mentiras: “¿En qué ha contribuido a reducir la corrupción? Al contrario, la corrupción creció como nunca a la para que se creó este organismo”.
Aquella mañana, para darle fuerza a sus dichos, inventó que los comisionados ganaban el doble de lo que en realidad perciben mensualmente.
Fue la primera en más de 50 ocasiones en las que López Obrador dedicó extensos minutos de su “mañanera” a repetir lo mismo: que el Inai había sido creado con dinero del pueblo como un parapeto para mantener en secreto la corrupción y defender grupos de intereses creados.
Lo llamó “la gran tapadera”. Más adelante decidió que las funciones de este organismo podían ser absorbidas por la Función Pública o alguna otra dependencia bajo su mando, dado que “ya no es el tiempo de los gobiernos corruptos que dominaron durante el periodo neoliberal y que tenían que andar escondiendo información, reservándola” (habría que preguntarle cuántas reservas lleva esta administración).
El quórum legal para que el Inai sesione debe ser de 5 comisionados. Por omisiones del Senado, existen tres puestos vacantes desde el 1º de abril de 2022. Anta la imposibilidad de reunir los votos necesarios para modificar la Constitución, el presidente decidió impedir que pudiera sesionar.
En abril pasado se filtró el audio de una conversación privada entre senadores afines al obradorismo y el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López. En esa reunión, el titular de Segob dijo que “el mundo ideal” del presidente era que no se nombraran nuevos comisionados, dijo: “Lo que más nos conviene es que haya un periodo de impasse”. “Yo creo que estamos en el mundo ideal, no tenemos ninguna urgencia”, afirmó.
López sostuvo más tarde que se había distorsionado “el contenido de una conversación privada”.
Sin embargo, el Inai quedó paralizado durante dos meses, y una de las fichas que el presidente ha admitido que tiene en la Corte, la ministra Loretta Ortiz (la otra es la impresentable Yasmín Esquivel), le impidió sesionar con los cuatro comisionados disponibles. En ese tiempo quedaron sin resolver 5,200 solicitudes de acceso a la información: en ese tiempo, bajo el mismo argumento, se pisoteó un derecho arduamente conquistado por los mexicanos: “¿Para qué?”, “es un gasto innecesario”, “ya no son los tiempos de la corrupción”.
Fue precisamente una Suprema Corte autónoma la que otorgó al Inai una habilitación para sesionar con solo cuatro comisionados y garantizar el acceso a la información y la protección de datos personales.
El 7 de diciembre se tendrá que elegir una nueva presidencia en el Inai. Figuran los nombres de Norma Julieta del Río Vargas, Josefina Román Vergara y Adrián Alcalá Méndez.
La primera, cercana a la 4T, ha sido consejera del morenista David Monreal, es considerada una persona “influyente” en el gobierno del zacatecano, y ella misma declaró a un medio de esa entidad que, “si se puede”, lo seguiría “acompañando, asesorando”.
Gracias al Inai se conocieron, por ejemplo, los contratos entre Pemex y Baker Hughes, entregados por el gobierno mexicano en las mismas fechas en que uno de los hijos del presidente se mudó a Houston y habitó la suntuosa Casa Gris.
La lista es larga. Esta es solo una de las cosas de las que los mexicanos hemos podido enterarnos por las vías de acceso a la información gubernamental que garantiza ese organismo “innecesario” en tiempos que “ya no son de la corrupción”.
La fecha está encima. López Obrador quiere invalidarlo. Sería terrible que llegara a colonizarlo.
