A menos de un mes del arranque del proceso electoral 2026-2027, Mónica Soto renunció al cargo de magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la federación, y a pesar de haber aceptado previamente la extensión de su mandato hasta 2028 y sin hacer pública –como ya sucedió dos veces en la SCJN– alguna “causa grave”, que, conforme al artículo 98 de la constitucional, justifican la renuncia de quienes integran el máximo órgano jurisdiccional en la materia.
Con la salida de Soto, la Sala Superior volverá a enfrentar un proceso electoral incompleta. Por segunda vez consecutiva, el máximo tribunal electoral tendrá lugares vacantes. Y, salvo por Claudia Valle, está integrado exclusivamente por hombres.
Hay algo especialmente preocupante en la facilidad con la que las disputas, decisiones o intereses personales de quienes ocupan las más altas responsabilidades jurisdiccionales terminan alterando la integración de los máximos tribunales. Quienes protestan un cargo constitucional aceptan la responsabilidad de ejercerlo durante el periodo para el cual fueron designados. Paradójicamente, la flexibilidad con que el Tribunal interpreta la Constitución parece extenderse también a la duración de los encargos de sus integrantes.
El “ciclo” de Mónica Soto podrá haber concluido, pero no los efectos de las decisiones que tomó como magistrada. Basta recordar una particularmente relevante para 2027: Soto formó parte de la mayoría que avaló la interpretación de las reglas de representación proporcional que permitió a Morena y sus aliados obtener una mayoría legislativa muy superior a su porcentaje de votación.
Ese precedente volverá a importar. En 2027 se renovarán las 500 diputaciones federales y, por primera vez, competirán también los dos partidos nacionales de reciente creación: PAZ y Somos México. La distribución de los votos entre las fuerzas políticas nacionales podría volver a colocar en el centro de la discusión las reglas sobre coaliciones, afiliación partidista y sobrerrepresentación.
Pero la integración del Tribunal no es la única tensión que antecede al proceso electoral. En estos momentos el INE defiende un presupuesto de más de 36 mil millones de pesos para las elecciones 2026-2027. Esta cantidad no incluye el financiamiento destinado para las fuerzas políticas nacionales y candidaturas independientes. La suma incluye principalmente los gastos para actualizar el padrón electoral, expedir la credencial para votar; capacitación electoral, pero también las actividades operativas alrededor del proceso federal y la organización de los comicios locales concurrentes.
El monto puede parecer enorme. Pero también las elecciones que deben organizarse. En 2027 se renovarán las 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas y 31 congresos locales, además de 18 mil 57 cargos municipales. La lista nominal proyectada supera los 102 millones de electores y el INE calcula que será necesario instalar más de 176 mil casillas. A ello habrá que sumar los trabajos preparatorios de las elecciones judiciales federales y locales previstas para 2028. La presidenta Claudia Sheinbaum ya calificó el presupuesto solicitado como “exagerado”. La discusión presupuestal apenas comienza, pero la escena resulta conocida: el INE calcula cuánto cuesta organizar las elecciones y el Ejecutivo cuestiona cuánto debería costar la democracia.
Hay, finalmente, otra decisión del INE que merece atención antes de que comiencen las campañas. La metodología aprobada para el monitoreo de los programas que cubran las precampañas y campañas incorporó una variable nueva denominada “mecanismos discursivos indirectos de descalificación de personas precandidatas o candidatas”. La categoría pretende registrar “comentarios o expresiones, que sin constituir una agresión explicita, transmiten mensajes de descalificación, menosprecio o cuestionamiento” hacia las personas en contienda. Pero ¿qué significa exactamente un mecanismo indirecto de “cuestionamiento”? ¿Hasta dónde puede distinguirse una expresión discriminatoria de la ironía, el sarcasmo, la sátira o simplemente una crítica severa? Todos ellos forman parte habitual —y muchas veces incómoda— de la discusión política en una democracia.
En un momento en que desde el poder se exhibe y descalifica públicamente a periodistas, medios y voces críticas, las autoridades electorales deberían ser particularmente cuidadosas antes de ensanchar las categorías con las que se escruta el lenguaje utilizado en la discusión pública.
Todavía no inicia formalmente el proceso electoral 2026-2027 y algunas de sus principales tensiones ya están sobre la mesa: un Tribunal Electoral nuevamente incompleto, una disputa anunciada por los recursos del INE y una metodología de monitoreo que estira innecesariamente la liga sobre aquello que merece ser observado en el debate público. Para discutir éstas y otras condiciones de la competencia electoral, los próximos 26 y 27 de agosto nos reuniremos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en el seminario “Proceso Electoral 2026-2027: equidad en la contienda”. Están todxs invitados.
Guadalupe Salmorán Villar. Investigadora del Instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM, Coordinadora de @IIJUNAMElector y Profesora Visitante [Fellow In Residence] del Center for U. S.-Mexican Studies de la UC San Diego. X: @gpe_salmoran
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