Pertenezco a una generación que vio en el primer plano de la vida pública los estragos del autoritarismo instaurado por la revolución mexicana y por los usufructuarios que la “institucionalizaron”. Cuando teníamos quince años, en la Plaza de las Tres Culturas corría la sangre y, al llegar a la mayoría de edad, vimos el Halconazo del 71 y muchos otros actos del despotismo del Estado-partido. La represión formaba parte de la normalidad. Quienes tomaban la calle eran golpeados y gaseados; a quienes se atrevían a levantar la voz en las plazas públicas o en la prensa los callaban, les cerraban los locales, destruían las prensas y encarcelaban a periodistas y activistas. Había una policía política eficiente y despiadada.
La sociedad mayoritaria se mantenía impasible. La excepción fueron los grupos que eligieron las armas como vehículo del cambio y otros que, en partidos y asociaciones, optaron por la acción pacífica, la creación de ciudadanía o la oposición democrática. En esos años México tenía un sistema de partido hegemónico que ya había pasado sus mejores tiempos (es un decir) y hacía agua por todos lados. Algunas de las mejores mentes del “sistema” entendían bien el problema y sabían que la solución menos disruptiva era una especie de apertura controlada que abriera ventanas a la libertad de expresión y de organización, y a otras medidas de violencia institucional para reprimir a las organizaciones armadas. De la expansión del reclamo democrático y de quienes, desde el gobierno, comprendían mejor el problema, provino la reforma política de 1978, que abrió una rendija para la participación electoral de las “minorías” y fue el hecho fundacional que hizo posible la así llamada transición democrática.
Un paréntesis se impone aquí: el comunismo soviético o chino y sus seguidores eran ya, para entonces, muertos en vida. Esa tradición de izquierda había fracasado y solo podía ofrecer dictadura de partido y economía planificada en quiebra; en el mejor de los casos, una sociedad orwelliana. Su sistema de pensamiento era (y es) anacrónico, centrado en errores no reconocidos, e incapaz de ofrecer una alternativa sistémica, salvo la santa indignación. Cierro el paréntesis.
Fue así como amplios grupos de la generación, emparentados con diversas tradiciones marginales, convergieron en torno a una idea fundamental: la centralidad de la democracia política. El eje de la organización política de la sociedad habría de ser la libertad de igualdad para el autogobierno, algo que, valga la redundancia, sólo puede ofrecer la democracia. Como forma de pensamiento y acción pública, ese propósito no puede admitir hegemonías de ningún tipo, ni trabas a la libertad de pensamiento. El pluralismo político en competencia electoral libre era y es el único camino aceptable para el progreso de la sociedad por una sencilla razón: en esta propuesta el protagonista central es la sociedad y sus componentes, individuos y grupos, que han de gozar de la más plena libertad para decidir su gobierno. Para la derecha (y la ultraderecha), esta libertad es un anatema, como también lo es para la izquierda que domina y la ultraizquierda que la jala.
Es obvio que en esta ruta no puede haber homogeneidad, que los extremos y extremismos han de ser absorbidos por la sociedad en deliberación, que los rebasa; que les prohíbe, incluso, hacerse del poder para ejercer su despotismo. Y cuando esta barrera se derrumba, aun llevándose a la sociedad entre las patas, es indispensable resistirlo, como se ha hecho contra el fascismo, el comunismo o el populismo.
Por eso dicen que somos de derecha.
Investigador del IIS-UNAM.
@pacovaldesu
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