Finalmente se confirma lo que muchos expertos y organizaciones civiles hemos supuesto: los datos de incidencia delictiva que presenta mes a mes el gobierno federal son falsos.
Desde hace tiempo en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), hemos expresado nuestra preocupación acerca de los registros de homicidios dolosos, feminicidios, desapariciones de personas, otros delitos que atentan contra la vida y la integridad personal, secuestros, otros delitos que atentan contra la libertad personal, extorsión, robos en el transporte público, trata de personas y narcomenudeo, entre muchos otros.
¿Cómo es posible que mientras la violencia de género se encuentra en máximos históricos, los feminicidios disminuyan notablemente? ¿Cómo es posible que haya estados que reporten en 0 o en números mínimos la extorsión, el robo en trasporte público, el narcomenudeo o la trata de personas, cuando evidentemente todos ellos han empeorado?
Indudablemente, parte del problema de registro se debe al desempeño de las fiscalías estatales, instituciones donde convive la carencia de personal, insumos, capacidades, supervisión, con prácticas nocivas como la disuasión de la denuncia, la aplicación de criterios individuales o políticos para registrar los delitos y la ausencia de investigaciones y acciones para combatir los diversos fenómenos criminales.
Asimismo, son evidentes las omisiones y la ausencia de supervisión del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ).
Nada nuevo, desde el sexenio de Calderón en el ONC hemos señalado hechos similares. Fallas que nos llevaron a donar nuestro trabajo a las autoridades federales y locales para solucionar los problemas.
En todo caso, podemos afirmar que dichas fallas, eran hechos aislados y que hubo -por lo general-, buena disposición para rectificar y mejorar.
Sin embargo, actualmente -cuando Morena controla las dos terceras partes de las gubernaturas-, el problema se ha vuelto generalizado y la posibilidad de colaborar gratuitamente con las autoridades para mejorar el desempeño institucional se ha mermado.
De todos los problemas de registro los más graves son, sin duda, los que se refieren a los homicidios dolosos y los secuestros. Coincidentemente con el inicio de esta administración las anomalías, fallas y omisiones de registro se han vuelto constantes.
Si revisamos los registros de homicidio encontramos que la narrativa oficial de descensos se contrapone a los registros de otros delitos que amenazan la vida de las personas:
1. En esta administración, al tiempo que el homicidio doloso parece disminuir, las desapariciones de personas se multiplicaron a tal punto que, en lo que va del sexenio, ya se rebasó el total de las desapariciones ocurridas en los sexenios de Calderón y Peña.
2. Si históricamente hubo una clara correlación entre el comportamiento de los otros delitos que atentan contra la vida de las personas -es decir, las tentativas de homicidio-, y el homicidio doloso, en esta administración el comportamiento es inversamente proporcional. Mientras las tentativas de homicidio siguen en aumento, los homicidios dolosos parecen disminuir.
3. Si comparamos la estadística de homicidio del periodo enero-abril 2022 contra el de este año, podemos apreciar que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reportó un aumento de casi 5%, mientras que el SESNSP reportó que no hubo cambios. Esto es, que dos bases de datos publicadas por la misma institución se contradicen ¿a cuál debemos creerle?
En el caso de los registros de secuestros las evidencias son aún más contundentes. Desde el primer trimestre de 2019 la estadística de secuestros comenzó a bajar y la de las otras privaciones ilegales de la libertad a crecer sin explicación alguna.
No obstante, dicha evidencia es poco relevante si analizamos los hechos y registros de secuestros y otras privaciones ilegales de la libertad de San Luis Potosí (SLP) del mes de abril de este año.
El mes pasado se dio a conocer que 13 personas que viajaban de Guanajuato a Coahuila habían sido secuestradas en carreteras de San Luis Potosí y que pese a que los familiares habían pagado el rescate, las víctimas no habían sido liberadas.
Ello llevó a que las autoridades federales y locales se diesen a la tarea de buscarlas. Su localización permitió dar fortuitamente con otras 105 personas privadas de la libertad.
Este hecho debía verse obligatoriamente reflejado en la estadística delictiva de abril, algo que no ocurrió, las 118 víctimas de dicho secuestro no aparecen en ningún registro.
El SESNSP reportó para el mes de abril 72 víctimas a nivel nacional, ninguna de ellas en SLP. De hecho, la fiscalía estatal ha reportado tan sólo 10 víctimas de secuestro de enero a abril de este año.
Tampoco la Fiscalía General de la República (FGR) parece haber investigado el hecho ya que en lo que va del año no reporta víctimas de secuestro.
Las 118 personas secuestradas, tampoco aparecen en los registros de los otros delitos que atentan contra la libertad personal. En SLP se reportaron 55 víctimas de este delito para el mes de abril.
López y su gobierno insisten que vamos muy bien en materia de seguridad, lo cual es falso. Aún con tal maquillaje de cifras, este es ya el sexenio más violento de la historia y aún faltan 17 meses para que termine.
Una mala estadística delictiva refleja engaño y manipulación de las autoridades, genera insumos de inteligencia erróneos y lleva a políticas públicas ineficaces.
En el ONC daremos seguimiento puntual a este caso y actuaremos con todos los instrumentos que la ley nos permita para detectar y denunciar la mala actuación, negligencia y omisiones de funcionarios de la fiscalía de SLP, de la FGR, del SESNSP o de la CNPJ.
Los mexicanos debemos exigir que López cumpla sus promesas de campaña de reducir la violencia, que las instituciones trabajen en favor de la seguridad, y pedir que se sancione toda conducta ilegal de funcionarios irresponsables y corruptos.
Director del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL
