Para mejorar la calidad de la gestión pública y sus resultados, es necesario adoptar reformas legislativas en la mayoría de los países de América Latina. Hay que asegurar que el principio fundamental de la Gestión Pública Justa y Equitativa sea el interés público, es decir, que toda inversión maximice la Rentabilidad Sostenible, considerando su ciclo entero e incluyendo su impacto social y ambiental en las comunidades y generaciones actuales y futuras.
Durante los últimos 25 años, las adquisiciones públicas han evolucionado para enfocarse en la transparencia, el escrutinio público y la rendición de cuentas. En cambio, el avance de la normativa en la evaluación del desempeño de contratistas públicos ha sido más modesta. Son aún menores las experiencias en donde el sector público ha incrementado la eficiencia —hacer más con menos— y reducido el dispendio en la cadena de abastecimiento. Finalmente, son contadas las experiencias en las que la normativa ha llevado a una entidad pública a mejoras sustantivas en la Rentabilidad Sostenible.
En América Latina falta camino por recorrer para alcanzar reformas eficaces —denominadas de segunda generación— como la rentabilidad sostenible y un cambio de enfoque de las entidades de control. Por ello, es necesario que las reformas atiendan las debilidades estructurales de muchos de los sistemas de compras públicas, entre otras:
La hipernormatividad dificulta la realización de una contratación pública estratégica. Casi siempre el origen de los excesos de normatividad se debe a la voluntad de prevenir la corrupción. Por ello se han erigido mecanismos, a menudo complejos y contradictorios, que producen incrementos en el costo y que no han frenado la corrupción. Este exceso de normatividad genera que las compras se detengan y originen carencias de insumos y bienes públicos. La consecuencia es el desabastecimiento y mal servicio, que conlleva al auge de un régimen especial o excepción de urgencia. Así se llega a “excepciones” que suspenden la normativa y generan compras a altísimos precios.
La atención a aspectos formales y la desvinculación del resultado real tienden a poner énfasis en el cumplimiento procedimental de la normativa, en lugar de los resultados de la adquisición. Resultado: quienes gestionan las compras públicas toman las decisiones que les permite la norma, sean o no ventajosas para el interés público. Al mismo tiempo, las empresas que participan compiten más por cumplir las formalidades que por alcanzar la rentabilidad sostenible y brindar bienes y servicios de calidad.
Adicionalmente, el sistema público/privado carece de incentivos para obtener la mejor rentabilidad sostenible, ya que el marco existente condiciona a que el sector privado carezca de incentivos para proponer ofertas que generen esta rentabilidad para el interés público. Asimismo, hay atrasos significativos en incluir la actual innovación tecnológica en la gestión pública.
Las crónicas judiciales nos dicen que las normas que hoy en día regulan las adquisiciones públicas, buscando evitar la corrupción, muy a menudo no lo logran. En cambio, frecuentemente se constituyen en un innecesario obstáculo para que una Gestión Pública Justa y Equitativa pueda lograr adquisiciones estratégicas de alta rentabilidad social. Los costos económicos, sociales y políticos de este enfoque son demasiado altos: es hora de cambiarlo.
Director de UNOPS para América Latina y el Caribe
