Enhorabuena que nuestra Presidenta de la República ha manifestado su preocupación e interés en que se aclaren los hechos acaecidos en el Estado de Chihuahua a propósito de la presencia y participación de personas extranjeras en un operativo en contra de narcotraficantes. Esa actitud presidencial de cumplimiento de la ley y respeto a nuestro marco jurídico, esperemos se manifieste también para investigar las conductas del gobernador de Sinaloa, como también a la gobernadora de Baja California.
Ese empeño de respeto a la legalidad y de vigilancia acuciosa de proceder de acuerdo con las leyes, siguiendo su línea de conducta tendrá que llevarla a investigar a otros compañeros de su partido, como el senador Adán Augusto López, quien como gobernador de Tabasco mantuvo cercanas relaciones, y hasta lo nombró en áreas de seguridad pública, a un presunto peligroso delincuente.
De la misma manera investigar a quienes se les señala como responsables del huachicol en perjuicio de la economía, y beneficio de miembros muy distinguidos de su partido, según se sabe por los medios de comunicación.
De esa forma aun quienes no militamos en su partido, sentiremos que es cierta la expresión de que la corrupción se ataca desde arriba, como se barren las escaleras, según lo dicho muchas veces por López Obrador.
Contemplando el mismo fenómeno, pero mirado desde la cara opuesta, debe celebrarse el proceder de la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, para lograr la liberación del conductor y jefe de despachadores del tren Interoceánico accidentado en diciembre pasado al haber informado a la juez que los liberó, que se habían firmado acuerdos reparatorios con las víctimas.
Se advierte la diferencia entre el pasado de esa Fiscalía y la actual. En el pasado, prevalecían los intereses personales e incluso la perversidad, como haber mantenida privada de su libertad a una señora a quien por intereses económicos se le tuvo encarcelada más de quinientos días, hasta que la Suprema Corte de Justicia ordenó su libertad; lo más grave de este proceder de Gertz Manero es que el entonces Presidente de la República, a pesar de haber sido enterado, lo ignoró y con ese silencio aprobó esa reprobable conducta.
El Fiscal de entonces le sirvió para injustamente encarcelar a un hombre inocente de los delitos que absurdamente se le imputan, haciéndolo presunto responsable de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, por la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa y de esa forma, desde agosto de 2019 injustamente privado de su libertad, Jesús Murillo Karam; para atender el legítimo reclamo de los padres de los estudiantes desaparecidos, logró que la Fiscalía culpara a un inocente.
A la gravedad, por la violación a la ley en contra de Murillo Karam, hemos de agregar el silencio de los dirigentes políticos de nuestro Partido, el Revolucionario Institucional. Era presidente Alejandro Moreno Cárdenas, y no he conocido una declaración en defensa de un hombre inocente como lo es Murillo Karam. Las violaciones en su contra no terminaron con su aprehensión, continuaron en la ilegal negativa de concederle la prisión domiciliaria.
Esperemos que Doña Ernestina revise este tema, como el del segundo tirador en el caso del homicidio del licenciado Colosio, y haga justicia aunque no satisfaga los caprichos aberrantes del expresidente.
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