El 24 de junio, el Senado de los EE.UU. celebró la audiencia “Más allá de nuestras fronteras: el alcance global de los cárteles mexicanos de la droga y los riesgos para la seguridad nacional de Estados Unidos”. El título de la sesión habla por sí solo: redefine el narcotráfico como una amenaza global a su seguridad nacional, abriendo la puerta a la expansión de su acción política, policial y de inteligencia a prácticamente cualquier rincón del mundo. Y aunque se trata solo de una audiencia ante el Senado (no es vinculante ni representa la política oficial), es relevante porque refleja la evolución de la narrativa de seguridad estadounidense, cada vez más expansiva en su alcance.
Chris Urben, exagente de la DEA, señaló que los cárteles mexicanos operan mediante redes chinas de lavado de dinero, proveedores asiáticos de precursores químicos para producir fentanilo, que tienen presencia en países europeos como Holanda, Bélgica, Italia, Portugal y España, y citó reportes del Comando de Estados Unidos para África (AFRICOM), según los cuales en 11 de los 12 laboratorios de drogas desmantelados en los últimos dos años en África habrían participado miembros de cárteles mexicanos. Lo que para él amerita una respuesta coordinada a nivel global.
En la misma audiencia, la investigadora de Brookings Institution, Vanda Felbab-Brown, mencionó que el Cártel de Sinaloa y el CJNG han extendido en la última década sus operaciones a Europa, Asia, África y que están buscando hacerlo en Australia y Nueva Zelanda. Resaltó la existencia de laboratorios de metanfetamina en Nigeria, Sudáfrica y Kenia, así como alianzas con redes criminales en Marruecos, Albania, Turquía, Irlanda y los Balcanes. Además advirtió sobre la diversificación criminal de estos grupos, cuyas actividades incluyen el tráfico de migrantes, trata de personas, minería ilegal, tala ilegal, y tráfico de especies protegidas, entre otras.
Michael Brown, antiguo miembro de la DEA, advirtió sobre las alianzas de los cárteles con pandillas estadounidenses como los Crips, Bloods, Aryan Brotherhood, Latin Kings y la Mexican Mafia, lo que ha facilitado la distribución de fentanilo en todo el país. En ese sentido, sugirió designar a las organizaciones domésticas de tráfico de drogas como grupos narcoterroristas nacionales bajo legislación antiterrorista interna.
La transformación conceptual, que deja de ver a los cárteles como actores regionales para tratarlos como redes criminales globales, amplía el alcance de la política de seguridad y redefine territorios en función de su impacto en su seguridad nacional. El fondo de la discusión no es solo el alcance de los cárteles, sino la redefinición del perímetro de seguridad de Estados Unidos.
El gobierno estadounidense está dispuesto a externalizar el problema hasta los rincones más lejanos del planeta antes de atender el problema de la demanda interna de drogas.
Desde que se designó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas se ha intensificado la presión sobre nuestro país. Exigieron la entrega de alrededor de 100 criminales de alto perfil a la justicia estadounidense, impusieron restricciones financieras a tres instituciones mexicanas y abrieron procesos judiciales contra funcionarios y exfuncionarios de alto nivel presuntamente vinculados a redes criminales, todo ello bajo la amenaza velada de una posible intervención militar.
El día de ayer, Terry Cole, director de la DEA, afirmó que los cárteles mexicanos constituyen la principal prioridad de la agencia y que el pueblo estadounidense merece que esta amenaza sea eliminada. Este endurecimiento del lenguaje y la ampliación del campo de amenaza en torno a los cárteles no parece un hecho aislado. Más bien, parecería una señal de alineamiento institucional que anticipa y legitima un posible giro estratégico en la forma en que se abordará el problema.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.