El realismo de la inseguridad versus una GN abstracta

A casi cinco años de su creación, el papel y los resultados de la Guardia Nacional (GN) son polémicos. Nuevos datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal del Inegi, sobre el periodo del 2022, vienen a confirmar la amplitud de un problema que pone en entredicho la efectividad real de este organismo.

Desde el principio, sus facultades, tareas y mando fue ambiguo sobre todo en lo que respecta a su verdadero carácter civil. Es por ello que en 2022, a través de una reforma aprobada en ambas cámaras, se adscribió la GN a la Sedena. Si bien dichos esfuerzos fueron bloqueados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el presidente ha declarado su intención de volver a presentar la reforma constitucional para 2024.

En términos efectivos, la mayor parte de los recursos humanos de la GN pertenecen a la Sedena y a la Semar. Según el censo del Inegi, de las 104,207 personas adscritas a la Guardia Nacional en 2022, el 68.4 % correspondían a la Sedena y 13.9 %, a la Semar. Asimismo, de los 33 titulares de la Comandancia y las Coordinaciones estatales, la totalidad tenía como institución de procedencia la Sedena. La GN parece más bien un vehículo de las Fuerzas Armadas para participar de manera sostenida en las tareas de seguridad pública sin estar formados para este propósito.

A pesar del incremento en sus recursos -el Presupuesto de Egresos de la Federación estableció una cantidad de 67,826 millones de pesos para la GN en 2023, cantidad 15 veces mayor que la de 2020-, estos no parecen haberse traducido en una reducción significativa de la inseguridad del país. En el mismo periodo de 2022, el organismo realizó únicamente 2,814 puestas a disposición de personas, una disminución del 59.9 % con respecto a 2021. El aseguramiento de armas disminuyó 22.8% con respecto al 2021, y el decomiso de drogas tuvo disminuciones en todos los ámbitos. Por poner un ejemplo, en 2022 se decomisaron 71 kg de fentanilo, contra los 168 del 2021.

Este organismo, que para finales de 2023 tendrá casi 120 mil efectivos en sus filas, marca un proceso a dos vías: por un lado, la policialización de las Fuerzas Armadas -cada vez más enfocadas en tareas de seguridad pública-, y por otro, la militarización de las instituciones policiales civiles.

Actualmente, las tareas de la GN parecen más enfocadas en atender los flujos migratorios prevalecientes. Si bien entre las 43 funciones que tiene por ley se encuentran la prevención del delito en zonas fronterizas y auxiliar al INM, las nuevas cifras del Inegi confirman una tendencia en la política migratoria nacional: la detención y persecución de los migrantes por encima de la detención de los delincuentes.

Según el censo, e?n 2022 la GN “rescató” a 177,166 personas en contexto de movilidad, la mayoría en Baja California. Esto representa un aumento del 432.5% con respecto a 2021. La ambigüedad del término “rescatar” genera alertas con respecto a los métodos de operación y, sobre todo, el destino de estos migrantes. Más aún cuando el Inegi no especifica las condiciones en que estos rescates se llevan a cabo, lo que da a pensar que se trata de operativos de verificación y revisión migratoria en el mejor de los casos, y en detención y deportación en el peor de ellos. Resulta preocupante que un organismo de carácter militar, sin una formación enfocada a la seguridad ciudadana y carente de herramientas para tratar con civiles, esté enfocada en tareas de migración, donde la atención está dirigida a una comunidad vulnerable.

A pesar de que la reforma constitucional que le dio nacimiento prometía que los militares estarían fuera de las calles para 2024, todo parece indicar que el plazo se ampliará indefinidamente, pues no se han tomado medidas eficaces que vislumbren su próximo repliegue. Actualmente no existe claridad sobre el verdadero papel de la GN. ¿Se trata de un sustituto de las policías estatales, un ejército disfrazado de policía, o un organismo civil de seguridad? Por lo pronto, lo único cierto parece ser que la seguridad pública está en manos de unas fuerzas armadas más preocupadas en detener migrantes que en combatir la inseguridad.