Durante años, el Estado mexicano ha respondido al fenómeno criminal de manera fragmentada e insuficiente. Hoy, el sentido de esta transformación, plasmado en el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026–2029 es precisamente poner fin a esa lógica, pues no puede haber justicia efectiva sin capacidad institucional real. Transformar la procuración de justicia, exige fortalecer al Estado en su capacidad para investigar mejor, coordinarse con eficacia y sostener respuestas sólidas frente a la complejidad del fenómeno criminal.
Uno de los ejes centrales del Plan, es el Nuevo Modelo de Investigación e Inteligencia, sustentado en ciencia, tecnología y análisis estratégico. Su propósito no es acumular expedientes, sino construir investigaciones con solidez probatoria, rigor técnico y capacidad de sostenerse jurídicamente. Significa investigar mejor, actuar con mayor precisión buscando reducir la impunidad y garantizar a las víctimas el acceso efectivo a la justicia, tanto como la reparación integral del daño.
Para ello, la modernización de la Agencia de Investigación Criminal es decisiva. En su interior, la coordinación entre Policía Federal Ministerial, peritos y analistas debe traducirse en investigaciones mejor integradas, mayor capacidad de respuesta y sentencias firmes, particularmente en delitos de alto impacto. Su fortalecimiento tecnológico, normativo y operativo permitirá además consolidar una procuración de justicia basada en información verificable, análisis criminal y productos de inteligencia táctica.
La transformación también exige fortalecer la presencia territorial del Estado; por ello, el Plan coloca en el centro a las 32 Fiscalías Federales, como articuladoras de la coordinación con las autoridades locales. Cada Fiscalía Federal debe ser vínculo, presencia y capacidad operativa en el territorio, ya que el fenómeno criminal no se expresa igual en todo el país. Comprenderlo exige capacidad territorial, lectura local y respuestas diferenciadas, de ahí la importancia de reubicar sedes, desplegar personal en los 61 municipios prioritarios y fortalecer la presencia operativa para que la justicia no dependa de la distancia ni del abandono institucional.
Esa misma lógica aplica al combate al feminicidio. Aunque su persecución penal recae principalmente en el ámbito local, la Fiscalía General de la República asume su obligación de fortalecer capacidades técnicas, periciales y de inteligencia para acompañar investigaciones con perspectiva de género, combatir la revictimización y cerrar espacios a la impunidad.
A todo lo anterior, se suma la consolidación del Órgano de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional de Carrera, creado para establecer reglas claras de ingreso, permanencia, ascenso y profesionalización pues no hay transformación posible sin personal mejor preparado, sin mérito, sin especialización y sin certeza institucional.
Construir una Fiscalía más sólida, más profesional y con mayor capacidad para investigar con inteligencia, actuar con firmeza y servir con responsabilidad es un mandato. Porque sólo cuando el Estado fortalece sus capacidades, la justicia deja de ser una aspiración y comienza a convertirse en una realidad.
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