El INE y la Presidenta

En una columna reciente, Carlos Pérez Ricart decía que la decisión de quién dirigirá el INE será la más importante que ha tomado la presidenta Sheinbaum hasta ahora. Coincido con él. Hasta hoy, las decisiones políticas de la Presidenta han tenido que ver con su gobierno o incluso, por así llamarlo, con el régimen. Pero la decisión de quién dirigirá el INE es más que eso: se trata de una decisión de Estado. En muchos sentidos, está en juego la viabilidad de la democracia mexicana. Para la Presidenta, es una decisión que puede marcar la legitimidad de su gobierno y, a largo plazo, su lugar en la historia.

México necesita un árbitro imparcial. México necesita un árbitro legítimo: una figura capaz de generar consenso sobre su idoneidad para el puesto. En Palacio Nacional preocupa la posible injerencia de Estados Unidos en nuestras elecciones, y con razón. Pero tanto las elecciones en Brasil como las recientes elecciones en Estados Unidos han demostrado que la mejor apuesta para contrarrestar la influencia del poder estadounidense no es crear instituciones a modo, sino tener un sistema electoral legítimo, autónomo y transparente. Es mucho más fácil justificar una intervención externa cuando el aparato electoral está claramente amañado, como ocurrió en Venezuela, que donde hay legitimidad e institucionalidad.

La crisis de Taddei en el INE le ha abierto una oportunidad inesperada a la presidenta Sheinbaum. De pronto tiene ante sí el dilema de dar un golpe de autoridad o uno de autoritarismo. Lo segundo supondría poner a una figura afín y polarizante, que le jurara obediencia a Palacio Nacional. Un golpe de autoridad sería nombrar a una figura irreprochable, o por lo menos aceptable para todas las fuerzas políticas. Hacerlo empoderaría a la Presidenta, la pondría por encima de las disputas nimias por la narrativa ideológica y la consagraría como estadista.

Hasta el momento, la crisis ha sido tratada con claroscuros. Es entendible que la Presidenta busque hablarle a su base política, pero al convertir a los antecesores de Taddei en chivos expiatorios solo genera una personalización y una polarización innecesarias en un tema que debería tratarse con la mayor institucionalidad posible. Al INE no hay que mancharlo con la lucha por la narrativa y sus recursos ideologizantes. Al gobierno le conviene que el INE se mantenga al margen de esta polarización cada vez más innecesaria. A México le conviene que el INE tenga legitimidad. La Presidenta se equivoca al personalizar sus ataques y, sobre todo, al criticar a quien debería ser el estándar con el que se midan las futuras designaciones en el INE: José Woldenberg.

Él puede caerle bien o mal al gobierno, pero es innegable que jugó un papel determinante en la transición democrática de México. Su gestión al frente del entonces IFE funcionó porque, a pesar de venir de la izquierda, Woldenberg logró en todo momento ser un representante de la institución que dirigía y no un vocero de sí mismo. Woldenberg y el equipo de consejeros que trabajó con él construyeron una institución que, aunque duró poco, debería ser un ejemplo de lo que se puede lograr cuando la institucionalidad prevalece sobre la personalización de las instituciones.

Hoy más que nunca México necesita una estadista, y hoy más que nunca la Presidenta tiene una oportunidad. Ante la ola antidemocrática que ha ido ganando espacios en el mundo, la Presidenta puede convertirse en un estandarte de la democracia internacional: en un referente de esa izquierda viable que tanta falta hace en el mundo. Las elecciones en Brasil dieron esperanza a muchos, pero esa esperanza descansa en una condición: si las instituciones son legítimas y los gobernantes son estadistas y no demagogos, la razón y el bien común tienen más oportunidad de triunfar.

Analista político

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