Por Rolando Fuentes, profesor del Departamento de Finanzas y Economía de Negocios de EGADE Business School.
En mi columna anterior (10 Abril, 2026) argumenté que México no está “roto”, sino atrapado en un equilibrio de bajo crecimiento. Después de publicarla, César Gámez, un lector de la columna, me hizo una pregunta tan provocadora como pertinente: si el país está atrapado, ¿por qué persiste una trampa que prácticamente todos reconocen? Dicho de otra forma: si sabemos qué nos frena, ¿por qué no corregimos el rumbo?
La respuesta habitual apunta a la política: intereses creados, captura regulatoria, falta de voluntad reformista. Algo de eso hay. Pero esa explicación, aunque intuitiva, se queda corta. Sugiere que el problema existe porque algunos actores bloquean deliberadamente el cambio. La realidad suele ser más compleja y más difícil de corregir. México no está atrapado porque alguien diseñó una trampa perfecta. Está atrapado porque demasiados actores responden racionalmente a incentivos que, en conjunto, producen un mal resultado.
Todos preferirían vivir en un país más productivo, más formal, más competitivo y con mayor crecimiento. Pero el tránsito hacia ese equilibrio exige costos inmediatos que nadie quiere asumir.
Tomemos la informalidad. Desde una perspectiva agregada, una economía más formal elevaría productividad, recaudación y acceso al crédito. Pero para miles de pequeñas empresas, formalizarse implica absorber costos laborales, fiscales y regulatorios que podrían comprometer su viabilidad. Mientras sus competidores permanezcan informales, formalizarse primero puede ser una estrategia suicida. Lo mismo aplica a la inversión en productividad: muchas firmas no innovan porque operan en mercados donde competir vía eficiencia no es la principal condición de supervivencia.
La política enfrenta un dilema similar. Los beneficios de una reforma estructural suelen ser difusos, inciertos y de largo plazo. Sus costos, en cambio, son inmediatos, visibles y concentrados. Un gobierno que impulse una reforma fiscal, energética o regulatoria paga el costo político hoy. El crecimiento potencial que esa reforma pudiera generar llegaría años después, quizá bajo otra administración. En ese contexto, no sorprende que muchos gobiernos privilegien políticas con retornos más rápidos y visibles.
Los votantes tampoco escapan a esta lógica. La economía conductual ha documentado ampliamente que las personas sobre-ponderan pérdidas a beneficios futuros. También tienen un sesgo temporal: dan más valor a lo inmediato que a lo futuro. Una transferencia tangible hoy suele pesar más que la promesa abstracta de mayor productividad mañana. No porque los ciudadanos sean irracionales, sino porque responden de forma predecible a incentivos y sesgos humanos básicos.
El resultado es un equilibrio perverso pero estable: empresarios que se adaptan a la informalidad, gobiernos que privilegian políticas de corto plazo, votantes que castigan el dolor presente más de lo que premian beneficios futuros, e incumbentes que prefieren mercados protegidos antes que competencia abierta. Ningún actor, por sí solo, genera la trampa. Pero la interacción de todos la reproduce.
Ése es el error de muchos diagnósticos sobre México. Tratan el estancamiento como si fuera principalmente un problema de voluntad o de conocimiento técnico. Como si bastara identificar las reformas correctas para que éstas ocurran. Pero los problemas de coordinación rara vez se resuelven por persuasión. Se resuelven alterando la estructura de incentivos.
Si la arquitectura actual premia el estancamiento, la pregunta relevante no es solo qué reformas necesita México, sino cómo diseñarlas para que hacer lo correcto sea también lo racional para cada actor individual. En otras palabras: usar la economía no solo para diagnosticar distorsiones, sino para diseñar salidas. Eso implica pensar menos en reformas ideales sobre el papel y más en secuencias políticamente viables. Implica reducir costos de transición, compensar perdedores temporales y crear mecanismos graduales que cambien el cálculo económico de empresas, ciudadanos y gobiernos.
México no saldrá de su trampa simplemente porque aparezca un mejor diagnóstico. Diagnósticos sobran. Tampoco porque de pronto emerja una clase política más ilustrada. Saldrá cuando logre rediseñar sus incentivos de forma que el interés individual y el interés colectivo dejen de apuntar en direcciones opuestas. Porque México no está atrapado por accidente sino por una arquitectura de incentivos que premia el estancamiento, a costa del beneficio colectivo.
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