Un día las páginas se llenan con noticias de ataques y asesinatos de candidatos a puestos de elección popular y al día siguiente con atentados en el que pierden la vida jefes policiacos. En los últimos 15 años la violencia ha dado poca tregua al país. Ninguna región ha escapado a ser escenario donde operan bandas del crimen organizado para quitar de enmedio a políticos o jefes policiacos que representen un estorbo para sus ilícitos.
Hace apenas 11 días se daba cuenta del asesinato de Abel Murrieta, candidato a la alcaldía de Cajeme, a plena luz del día, cuando hacía proselitismo en las calles del municipio sonorense. Su muerte se convirtió en la número 32 en lo que respecta a candidatos, desde que inició el proceso electoral.
En la edición de este martes se informa ahora del atentado en el que perdió la vida el jefe de la policía del estado de Sinaloa. Los asesinos dispararon en más de 150 ocasiones contra el vehículo en que viajaba. También se consigna el ataque en el que murió un subcomandante de la policía de la ciudad de Zacatecas; otra vez en una zona urbana y sin necesidad de esperar las sombras de la noche.
Ha transcurrido casi la mitad del sexenio y en esta ocasión son escasas las noticias de operativos contra grupos criminales o de detención de líderes de esas bandas, a pesar de que nunca antes ningún gobierno había desplegado tal cantidad de efectivos en tareas de seguridad. En 30 meses, la administración federal ha desplegado 217 mil 505 efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional. En el sexenio de Enrique Peña Nieto la cifra de militares y policías federales asignados a tareas de seguridad público fue de 119 mil 377 y en el de Felipe Calderón llegó a 102 mil.
Los hechos demuestran que desplegar miles de elementos casi nada resuelve, si no hay estrategia que incluya tareas de inteligencia para minar el poder del crimen.
Responsabilizar, además, al sistema judicial de no apoyar en la emisión de sentencias durante los procesos abiertos a presuntos criminales parece olvidar que la aplicación de justicia está supeditada a la presentación de pruebas y evidencias para condenar a los acusados.
En los últimos 15 años la frase “La violencia en México luce imparable” se ha escrito a menudo y se escucha con frecuencia, y todo indica que seguirá utilizándose aunque se haya convertido en un lugar común y mientras la realidad no muestre lo contrario.