Finalmente el gobierno, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ha dado los primeros pasos para sancionar actos cometidos por empresarios de la industria de la construcción que actuaron en complicidad con funcionarios de la anterior administración de la Ciudad de México en aras de obtener cuantiosos beneficios económicos con propiedades inmobiliarias mediante argucias legales que implicaron la falsificación u ocultamiento de escrituras, simulación de operaciones, la alteración de los proyectos aprobados, el uso de prestanombres en operaciones fraudulentas y la autorización de permisos y cambios de uso de suelo por parte de autoridades coludidas.
De la existencia de lo que comenzó a llamarse el cártel inmobiliario se sabía ya desde hace tiempo, había ya denuncias de su forma de operar y que aprovechaban a su favor tanto el desconocimiento que algunas de sus víctimas tenían de leyes y trámites administrativos, como el estado de indefensión legal como resultado de su situación económica.
En la conformación de este cártel, en el que intervinieron lo mismo dos de los grupos constructores más consolidados del país, así como abogados, notarios y funcionarios de alto nivel de la CDMX en la pasada administación, se lucró con la necesidad y escasez que hay de vivienda, a través del contubernio entre los industriales de la construcción y algunos notarios que avalaban despojos, cambios de propietario y modificaban títulos de propiedad a conveniencia, así como el registro de construcción de viviendas de interés social que en los hechos no lo era y se vendía a precios superiores a los dispuestos para ese sector e incluso con violación a las normas de edificación.
Fueron especialmente objeto de su voracidad predios con potencial de mercado y cuya situación era legalmente endeble (abandonados, intestados, propietarios de escasos recursos o en la tercera edad, con adeudos acumulados en pago de predial o servicios, construcciones semiderruidas o en estado estructural precario, etc.).
Al inicio se operó bajo un esquema de expropiaciones avaladas por la ley con el objetivo de darle utilidad social a predios ociosos pero que devinieron rápidamente en despojos que se operaban de forma alevosa y ya no con una finalidad de dotar de vivienda a sectores necesitados de la población.
Es hasta ahora que comienzan a verificarse acciones por parte de la autoridad para poner orden en el sector, así como empiezan a cobrar notoriedad los abusos que llevaron a muchos a perder su patrimonio a manos de vivales sin moral. Es de esperar que se proceda ahora sí con todo el peso de la ley.
