Desde que siendo candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer su intención de declarar una amnistía para cierto tipo de delitos como camino hacia la reconciliación nacional, las críticas a esta propuesta se vinieron en cascada contra el que es hoy mandatario de la nación. Muchos fueron los que interpretaron la iniciativa como un perdón y olvido en el que tendrían cabida lo mismo el sicario de la delincuencia organizada, como el funcionario corrupto que hubiera abusado de su cargo. Pero lo cierto es que no era esa la intención de su propulsor, sino beneficiar primordialmente a aquellos que estuvieran en prisión por delitos menores o en casos en los que no hubiera intervenido la violencia como agravante, así como para apoyar a quienes hubieran demostrado haber logrado una plena readaptación social tras su reclusión. Incluso su alcance va más allá, pues también considera aquellas situaciones en las que los incriminados puedan demostrar que fueron obligados a delinquir por amenazas contra su integridad física, familiar o patrimonial.
Personajes clave de la actual administración, como Ricardo Monreal, ven en la ley de amnistía el medio para que en México se sienten las bases de un proceso de paz, reconciliación y armonía, que permita contrarrestar la profunda degradación que experimenta el tejido social del país. En tanto que el propio titular del Ejecutivo ve en su posible aprobación una serie de bondades que ayudarán a la pacificación nacional al resarcir las deficiencias del sistema penal actual, al tiempo que permitirá reducir presión en el ataque a los problemas de seguridad pública.
Ojalá que la aministía no contemple los acercamientos que se han tenido con grupos armados como los sostenidos por el subsecretario de gobernación Ricardo Peralta, quien recientemente calificó a la creciente inseguridad que azota a México como una “herencia maldita” recibida de administraciones pasadas y a la que no se puede resolver en solo 8 meses.
Visto así, el esquema de justicia alternativa ya estaría dando una salida en la Constitución a crímenes menores, pero si no es el caso habría que tener cuidado de qué más se añade. De por sí los niveles de impunidad en el país son altísimos, ahora más con el riesgo que implica mandar la señal de que incluso después de sentencias hay perdón y olvido. No obstante, hasta el momento se ha insistido en que esta ley no operará en favor de criminales de probada peligrosidad ni permitirá que puedan recobrar su libertad una vez sentenciados. Por el bien de la sociedad, que haya amnistía a quien realmente la merezca.
