El llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador a los gobernadores de la República para establecer un Acuerdo Nacional por la Democracia es un intento por restablecer la unidad que estuvo a punto de quebrarse el año pasado cuando los mandatarios estatales no encontraron eco en las propuestas que hacían al Ejecutivo para salvar la economía nacional de los efectos de la pandemia.

Ahora es desde Palacio Nacional que los gobernadores reciben una propuesta de conducirse de manera honesta con estricto apego a la defensa de la democracia, para lo cual les pide no apoyar a ningún candidato, no emplear el presupuesto de los estados en campañas o con fines electorales, denunciar la presencia de dineros ilícitos en el proceso, abstenerse de lucrar políticamente con la pobreza y la necesidad de la gente, y evitar toda la serie de trampas y artimañas fraudulentas y antidemocráticas que se han empleado en los comicios del pasado.

Si bien el mandatario se comprometió por su parte a actuar con rectitud y en defensa de la soberanía popular, debe también reconocer que hay leyes electorales y reglas, mismas que no se están cumpliendo desde el propio poder Ejecutivo, por lo que también convendría que éste acatara los lineamientos que no son nuevos y que marcan que el Presidente se debe abstener de externar posturas electorales o de hacer promoción de su partido y sus candidatos, así como de atemorizar al electorado con la pérdida de beneficios en caso de salir perdedora su agrupación política en los comicios.

Es de celebrarse la respuesta que tuvieron los gobernadores de Acción Nacional (GOAN) en atender a la convocatoria, congratulándose con lo que algunos de ellos vieron como una oportunidad que se abre hacia la reconciliación nacional, y con una invitación al Ejecutivo federal para no dividir, no caer en la tentación de la politización y no ver a los adversarios políticos como enemigos.

Mientras algunos abogaron por la neutralidad presidencial electoral, otros hicieron votos para consolidar y reivindicar el papel rector del INE y acatarlo como entidad mediadora para garantizar la limpieza y transparencia de los comicios de este año.

Es aquí donde hay que preguntarse, en medio de esa otra campaña, la de vacunación, ¿qué tienen que hacer los siervos de la nación haciendo promoción del Presidente en tiempo electoral, cuando eso está prohibido por ley?

Se deduce entonces que cuando interviene el Ejecutivo no lo hace con reglas claras, pero el presidente sí pide a los gobernadores que no interfieran, siendo que él parece no querer cumplir su parte del pacto. Hay que meditar en qué lado se encuentran las partes rumbo a los comicios.

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