Los que están a la espera de que se les dé una nueva fecha para hablar con el secretario de Hacienda, Édgar Amador, son los productores de gallinas y pavos. Nos dicen que la Unión Nacional de Avicultores, que tiene como presidente del Consejo Directivo a Lorenzo Martín, tenía programada una cita en Palacio Nacional con el funcionario, pero por una reunión de última hora, ya no se concretó. El motivo por el cual requieren ser escuchados es que se afectan inversiones y empleos por la exención arancelaria vigente desde 2022 para el ingreso de pechuga de pollo deshuesada procedente de Brasil, por lo que consideran que debería ser sustituida por un cupo de importación. Nos comentan que, por cada mil toneladas adquiridas en el extranjero, se dejan de producir 4 millones de pollos en México.
Preocupa inversión al IMEF
Nos platican que otro sector de la población que también está preocupado por el tema de la inversión son los ejecutivos de finanzas del país organizados en el IMEF, que preside Gabriela Gutiérrez Mora. De ahí que su Ponencia Anual, que darán a conocer en noviembre como parte su convención en Guadalajara, Jalisco, incluye una encuesta amplia que hicieron sobre lo que se necesita para lograr mayor capital con acciones puntuales. Otro capítulo técnico que tendrá el documento insignia será la relación tripartita entre México, Estados Unidos y Canadá, que tienen el tratado comercial más importante del mundo. Incorporarán las diferentes opiniones de gremios con los que tienen relación, ya que aportarán ideas acerca de la inversión, el principal motor de crecimiento económico en el futuro.
Reforma anticorrupción
Nos cuentan que Transparencia Mexicana planteó una Ley General de Contratación Pública como parte de una eventual reforma anticorrupción. Asegura haber identificado más de 120 formas distintas de contratación pública a días del arranque del periodo ordinario de sesiones en el Congreso. Se trata de concursos y adjudicaciones que superan los dos billones de pesos anuales. La organización, que lidera Eduardo Bohórquez, pide la unificación de todas las leyes, normas y aplicaciones para reducir los riesgos de malversación de recursos del erario.
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