Casi medio año después de que fue denunciada con numerosas evidencias la destrucción de patrimonio arqueológico del país durante la construcción del Tren Maya y de los llamados “parques de la memoria” en la Península de Yucatán, perpetrada ni más ni menos que por los propios funcionarios responsables del INAH, esta semana el tema se calentará de nuevo. Los investigadores de la comisión científica que se organizó para investigar los hechos, informarán al país sobre el paso obligado para esclarecer no un desacuerdo académico ni una discusión técnica: conoceremos los términos de la denuncia penal contra quien resulte responsable de un delito federal en perjuicio del patrimonio arqueológico del país. Qué pena que el nombre del INAH haya sido arrastrado hasta ese punto, pero sin duda la imagen y el prestigio del Instituto sólo podrán ser salvados por su propia comunidad, en este caso por quienes no se han amilanado para señalar irregularidades e ilegalidades en la institución. Pero quienes, a pesar de todo, se resisten a seguir agarrados hasta con las uñas a sus escritorios en medio de la tormenta son los miembros del Consejo de Arqueología encabezado por Laura Ledesma Gallegos. Después de lo señalado sobre la destrucción de las obras en el Tren Maya y en los parques de la memoria, por los arqueólogos Eduardo Matos Moctezuma, Sergio Gómez, Noemí Castillo, Fernando Cortés, Jesús E. Sánchez, Jaime Garduño, entre otros, el Consejo de Arqueología en pleno debió renunciar al quedar tan en entredicha su autoridad por sus propios pares. Pero ahí siguen, cuidando los proyectos prioritarios de una agenda política más que científica. ¿Ahora que serán sujetos de investigación ante la Fiscalía se harán a un lado para, como se dice, no entorpecer las investigaciones? ¿Usted qué cree? (Escríbanos a columnacrimenycastigo@gmail.com)
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