El proceso de urbanización en México y los servicios de agua

México está experimentando un proceso de urbanización acelerada desde hace más de 70 años.

A principios del siglo XX hace más de 100 años, el 75% de la población era rural y el 25% urbana. El último censo nos indica que en el año 2020 más del 75% de la población es urbana y menos del 25% es rural.

Durante más de 80 años el poder ejecutivo federal apoyó económicamente a los gobiernos de los estados y de los municipios para resolver sus problemas de proporcionar los servicios urbanos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento.

A partir de la década de los 80s del siglo XX, se modificó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la responsabilidad de los servicios se trasladó totalmente a los municipios (Artículo 115), los cuales no estaban preparados para asumir esa responsabilidad.

Ello ha hecho que casi sin excepción los servicios hayan tenido un retroceso importante en términos de la cobertura y sobre todo de la calidad y continuidad de los mismos. Una situación generalizada es que, aunque existan redes de distribución de agua potable, el líquido no llega a los domicilios en forma continua (tandeos) ni con la presión y la calidad indispensables.

Un factor importante que ha llevado a esta precaria situación financiera a los organismos operadores de los servicios y a los municipios, es la forma en la que se establecen las tarifas, las cuales son determinadas por los Congresos de los Estados, formados por legisladores que no conocen en forma suficiente las complejidades de estos sistemas, por lo que sistemáticamente han venido aprobando a nivel nacional tarifas cuya insuficiencia se va acumulando a través de los años con la consecuencia de que cada vez es más difícil aprobar tarifas que permitan ir mejorando gradualmente la situación financiera y con ello la calidad de los servicios.

Generalmente las tarifas son crecientes y se determinan en función de la cantidad de agua consumida por los usuarios, pero tal vez sería conveniente no considerar solamente el volumen para determinarlas, ya que no es lo mismo utilizar el agua para fines domésticos que para fines comerciales. Existen numerosos negocios como hoteles, industrias, comercios, etc., que utilizan el agua como materia prima fundamental para sus productos y servicios. Se considera recomendable que las tarifas sean sustancialmente mayores para quien utiliza el agua para fines mercantiles que para quien la usa para fines domésticos.

También se sugiere que además de la tarifa por los consumos de agua potable, se establezcan tarifas por descargas de aguas residuales, debiendo ser pequeñas para las aguas residuales domésticas pero de mayor magnitud para las descargas que provengan de establecimientos que tengan fines mercantiles como los antes mencionados.

Entre ingenieros de la especialidad hay el siguiente dicho: “si durante 20 años aplicaste tarifas insuficientes, es probable que necesites 20 años para revertir la insuficiencia gradualmente para no lesionar económicamente a la población”.

Ello ha llevado a que cuando se presenta una situación grave en los servicios, los municipios y estados tengan que subsidiarlos aplicando recursos de otros ingresos como por ejemplo del impuesto predial. Esta situación por ejemplo ha sido permanente en la Ciudad de México.

Esto ha llevado a escenarios muy preocupantes para el futuro de estos servicios a nivel nacional si se desea que vayan mejorando gradualmente en su cobertura y calidad.

La participación privada en el financiamiento de los servicios de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento.

Una política de salud y de bienestar a nivel nacional debe considerar que este tipo de servicios no deben seguirse deteriorando en su suficiencia y continuidad.

La situación económica actual del país permite asegurar que las necesidades de inversión no podrán ser cubiertas con recursos presupuestales del gobierno federal ni de los gobiernos de los estados ni de los municipios.

Esto obliga a considerar la urgente necesidad de encontrar los mecanismos para lograr la aplicación de los recursos privados, capital y créditos. Diversas organizaciones privadas y bancos han manifestado continuamente su mejor disposición de participar en participar en los servicios.

Es indispensable tener presente que los inversionistas privados y los bancos no pueden aceptar correr ningún riesgo en los que se refiere a la recuperación de los recursos que apliquen.

A través de la Asociación Nacional de Empresas de Aguas y Saneamiento, A. C. organización en la que están asociados los organismos operadores de las ciudades medias y grandes del país, se tiene conocimiento de que los estados financieros de dichos organismos operadores reflejan que son deficitarios y que no le permiten a los inversionistas y a los bancos basarse en ellos para participar en el financiamiento de la infraestructura de los servicios con una seguridad suficiente de que recuperarán los recursos invertidos.

Hasta donde se tiene conocimiento, el gobierno federal ha establecido la política de no asumir deudas internas ni externas y de no otorgar garantías para la recuperación de las inversiones.

Es imposible que en el corto plazo los organismos operadores puedan volverse autosuficientes desde el punto de vista financiero, pero sí es recomendable adoptar una política nacional con la participación de los gobiernos de los estados, de los municipios y de sus órganos legislativos, orientada a la obligación de dichos organismos de planear y programar las acciones necesarias para revertir gradualmente la crítica situación en la que se encuentran.

Para evitar que los servicios hagan crisis a nivel nacional, el gobierno federal ha decidido apoyar a los organismos operadores y a los municipios, destinando recursos a través de FONADIN para que, sumados a los recursos de los inversionistas privados y de los créditos bancarios, se puedan otorgar contratos de prestación de estos servicios a través de nueva infraestructura desarrollada. Los servicios no se prestarían a los usuarios directamente sino a los organismos operadores, por lo que no se trata de una privatización de los servicios.

Es necesario definir ciudad por ciudad, en función de su situación financiera y de las condiciones de la infraestructura existente, si es posible asegurar la recuperación de las inversiones privadas en infraestructura, otorgando garantías basadas en las participaciones de impuestos federales que les correspondan a los gobiernos de los estados y municipios, o de los ingresos de los municipios derivados por ejemplo del impuesto predial, condicionadas al compromiso de los organismos operadores de establecer programas realistas de mejoramiento de sus eficiencias físicas y comerciales, para lo cual FONADIN puede apoyarlos con recursos en algunos casos a fondo perdido.

Sería deseable que los congresos de los estados asuman el compromiso permanente de autorizar anualmente tarifas crecientes en términos reales para reducir gradualmente las deficiencias económicas acumuladas históricamente.

En función del cumplimiento de los compromisos asumidos por los organismos operadores de mejorar sus eficiencias, se considera conveniente que FONADIN analice la posibilidad institucional de compartir con los gobiernos locales ciertos riesgos relacionados con la recuperación de las inversiones privadas y de los créditos bancarios. Si los organismos cumplen sus compromisos de eficiencias las garantías otorgadas por los estados y municipios serían sustituidas gradualmente por garantías de FONADIN, reemplazo que tendría que fundamentarse cuidadosamente en forma jurídica.

Para detonar estas políticas y estrategias es indispensable que cada organismo cuente con los estudios y proyectos ejecutivos de la infraestructura necesaria, sin cuya existencia no puede determinarse el monto de las inversiones necesarias incluyendo sus costos de operación, conservación y mantenimiento. Se considera necesaria una participación creciente de FONADIN a fondo perdido para la realización de dichos estudios y proyectos, cuyo costo es insignificante en relación con los beneficios potenciales que podrían derivarse de su aplicación.

Es conveniente tener presente que cuando se mejoran los servicios en su cobertura y calidad, se incrementan sustancialmente los ingresos de los organismos operadores y municipios, derivados del cobro por la entrega de caudales adicionales a los usuarios y del cobro por el tratamiento de las aguas residuales, mejorando con ello la salud y el bienestar de un gran número de mexicanos.