“Te pido una disculpa, DATO PROTEGIDO, por el mensaje que estuvo cargado de violencia simbólica, psicológica, por interpósita persona, digital, mediática y análoga, así como de discriminación, basado en estereotipos de género. Esto perjudicó tus derechos político- electorales porque minimizó tus capacidades y trayectoria política.” Todos los días, Karla Estrella Murrieta, ciudadana de Sonora, tiene que escribir en su cuenta de X una disculpa pública por un tuit que escribió el 14 de febrero de 2024. En su trino, Karla sugirió que Diana Karina Barreras (Dato Protegido), había accedido al cargo de diputada gracias a su pareja, entonces presidente de la Cámara de Diputados. En respuesta, Barreras presentó una queja ante el INE alegando que el mensaje de Karla desestimaba su trayectoria profesional. “Lo que realmente me importaban era el reconocimiento de la vulneración que sentí. Lo que se dijo sobre mí, jamás se habría dicho de un hombre”, escribió hace poco. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, concluyó que Karla Estrella incurrió en violencia política por razón de género, le impuso una multa de 1,085 pesos, la incluyó en el registro de violentadores del INE, se le ordenó tomar un curso de género y que publicara una disculpa pública durante 30 días consecutivos en su cuenta de X.
He escrito en este espacio sobre las leyes, aprobadas en recientes meses, que autorizan la censura, como las reformas de apología del delitos (contra las expresiones artísticas que fomenten la violencia), la Ley Mordaza en Puebla o la Ley de Telecomunicaciones. También he escrito sobre el efecto de censura que tienen las acusaciones penales, las sentencias o sanciones similares este caso. Se trata de formas de ejercer la autoridad, o estrategias, que van acallando la crítica de una manera más sutil pero igualmente poderosa. Llama la atención, sin embargo, el uso de los delitos de género, específicamente el de violencia política de género con estos mismos efectos.
Al caso de Karla Estrella se suma a un preocupante número de casos de autoridades que hacen uso de la figura de violencia política de género en contra de críticos/críticas, medios de comunicación y/o periodistas. En Campeche, Layda Sansores denunció al periódico Tribuna y al periodista Jorge Luis González de una serie de delitos. Entre estos estaba el de cometer violencia de género. En ese caso las medidas cautelares incluían el pago de sumas cuantiosas y el cierre del periódico. Recientemente, el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero resolvió que Jesús Gabriel Castañeda había cometido violencia política de género, le ordenó a pagar una multa y disculparse públicamente con la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, durante 15 días.
De acuerdo con la CNDH, la tipificación del delito de violencia política por razones de género, “contribuye a garantizar y proteger los derechos humanos de las mujeres y de forma muy específica a la igualdad entre mujeres y hombres desde las estructuras de poder y representatividad en el espacio público.” Pero ante los casos que hoy vemos cabe preguntar si ha servido para avanzar en la participación política de las mujeres o si se trata mas bien de un caballo de Troya usado para amedrentar ciudadanas y periodistas desde el poder.
Sin duda, la redacción de la ley, con conceptos vagos, ha contribuido a su uso discrecional, como han señalado algunos. Pero también es curioso que insistimos que a través del derecho penal vamos a alcanzar justicia social. Sabemos que nuestras instituciones penales son ineficientes, violentas, poco éticas y que reproducen la desigualdad; pero confiamos en que pueden producir justicia, equidad y prevenir violencia. No niego que la violencia de género existe, en política como en cualquier otro ámbito social. Pero los hechos muestran que estos delitos, como tantos otros, terminan por lastimar a las personas que supuestamente iban a proteger. Aquí, como en otros casos, abrazamos el punitivismo y terminamos perdiendo libertad de expresarnos libremente, de cuestionar a las autoridades y el derecho a que quien ejerce el poder rinda cuentas.
Doctora en derecho. @cataperezcorrea