La semana pasada, el Servicio de Administración Tributaria publicó una lista de más de 100 organizaciones de la sociedad civil (algunas religiosas) cuya autorización para recibir donativos deducibles de impuestos fue revocada. En la lista se incluyen también 13 organizaciones cuyo registro fue cancelado definitivamente a inicio de este año. Las organizaciones afectadas son de dos tipos. Unas se dedican a hacer labor social. Por ejemplo, realizan trabajo en temas de salud (como cáncer de mama y salud de menores de edad), la manutención y administración de un refugio para ancianos y, la promoción de la danza o de artistas plásticos. Otras, entre las cuales se encuentras varias organizaciones conocidas por el impacto que tiene su trabajo, analizan las funciones gubernamentales, las políticas públicas y su implementación. Entre los temas que estas organizaciones abordan se encuentran la educación (y el gasto gubernamental en este rubro), los sistemas de justicia y seguridad (incluidas evaluaciones sobre su eficacia y eficiencia), la corrupción en diversos sectores de gobierno, el desarrollo económico y el mercado laboral.
Mientras que el primer tipo de organizaciones asiste al Estado en las áreas sociales, el segundo tipo funge como contrapesos, fiscalizando el desempeño gubernamental, llevando causas a la opinión pública y/o a los tribunales. La decisión de revocar las autorizaciones de estas asociaciones es preocupante precisamente por la función que tienen en nuestra democracia. Al vigilar y cuestionar el actuar gubernamental, transparentar el uso y destino de recursos públicos; estas organizaciones sirven como un contrapeso al poder gubernamental. Además, cumplen con la función de fomentar la participación ciudadana, informar sobre los efectos y costos de políticas públicas y comunicar demandas ciudadanas al gobierno en turno. Su desaparición, por tanto, empobrece la calidad democrática del país.
De acuerdo con las autoridades, la pérdida de la acreditación anunciada no es resultado del trabajo que realizan estas organizaciones sino del hecho de no haber cumplido con los requisitos para mantener el registro. Desde mayo de 2023, la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación modificó el sistema de acreditaciones necesaria. Sin embargo, como señalan varias organizaciones, la nueva ley no es sencilla ni establece un sistema claro para acreditar las actividades que se realicen. Esto ha llevado a que, a partir de 2023, se haya reducido el número de donatarias autorizadas y también el número de nuevas autorizaciones. En 2023, por ejemplo, 454 organizaciones perdieron la autorización. Y, sin autorización para recibir donativos deducibles de impuestos, la mayoría de las organizaciones pierden la posibilidad de recibir los recursos y llevar a cabo su trabajo. Más aún, de acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta, si a una organización se le revoca la autorización y no logra recuperarla en un plazo de 12 meses, es cancelada en definitiva. En este caso, la organización está obligada a destinar la totalidad de su patrimonio a otra donataria autorizada. La medida significa, en términos prácticos, la desaparición de las organizaciones.
Es posible que no exista una política dirigida hacia las organizaciones que realizan trabajo de evaluación y vigilancia sobre el actuar gubernamental, y sea solo un problema de documentos y burocracia. Sin embargo, esto sucede en un contexto de debilitamiento de otros controles y contrapesos al poder, como la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), la destitución de todos los jueces del país y la cooptación de los poderes judiciales, la militarización y, el acoso a críticos, periodistas y ambientalistas. En este contexto, más que la revocación para algunas organizaciones que no están en regla, la medida parece la caída una pieza más de la ya mermada democracia mexicana.
Doctora en derecho. @cataperezcorrea