Ayer planteaba dos reglas básicas de cualquier negociación seria. La primera: las partes deben llegar con mandato y capacidad real de movimiento. La segunda: debe haber intercambio. No necesariamente simétrico, pero sí verificable. Una parte pide, la otra responde; una parte concede, la otra asume compromisos; una parte mejora condiciones, la otra mejora resultados.
Sin eso, una mesa puede ser muchas cosas. Puede ser diálogo, contención, presión, cálculo político o administración del conflicto. Pero no necesariamente negociación.
La tercera regla de una negociación seria es distinguir entre posiciones e intereses.
Una posición es: “deroguen la Ley del ISSSTE de 2007”. Un interés puede ser: “queremos pensiones suficientes, previsibles y dignas”. La diferencia importa. Las posiciones cierran puertas. Los intereses permiten buscar rutas. Si el gobierno considera fiscalmente inviable regresar al sistema anterior, puede proponer fondos, ajustes, transiciones, mecanismos complementarios o reformas graduales. Eso es materia de negociación.
Pero si la respuesta es siempre la misma —todo o nada—, entonces la mesa queda atrapada. No importa cuántas veces se instale. No importa cuántas dependencias participen. No importa cuántos comunicados se emitan. Una mesa donde una parte no se mueve no negocia: presiona.
La cuarta regla es usar criterios objetivos.
Los salarios importan, por supuesto. Las pensiones importan. Las condiciones laborales importan. Pero también importan los costos fiscales, los resultados educativos, los días de clase perdidos, el daño a terceros, el impacto sobre comerciantes, padres de familia, estudiantes y ciudadanos que no forman parte del conflicto, pero pagan sus consecuencias.
Una negociación pública no puede medirse solo por lo que gana el grupo que protesta. También debe medirse por lo que gana o pierde la sociedad.
Y en el caso de la educación, la sociedad no gana si el acuerdo termina siendo una lista de beneficios laborales sin compromisos educativos verificables. Ahí los que pierden son millones de alumnos.
La quinta regla es que todo acuerdo debe tener cumplimiento.
No basta prometer. No basta anunciar. No basta levantar un plantón. Si el gobierno ofrece recursos, cambios administrativos o mesas estatales, debe explicar con claridad qué se dará, cuándo, cómo y con qué límites. Pero si la CNTE recibe beneficios, también tendría que comprometerse a algo concreto, medible y público.
Esa es la parte que no aparece en ningún lado.
Por eso el término “mesa de negociación” resulta tan cómodo y engañoso. Suena institucional. Suena democrático. Suena civilizado. Pero en muchas ocasiones es apenas una forma amable de nombrar otra cosa: una mesa de contención.
El gobierno contiene el conflicto.
La CNTE contiene a sus bases.
Los medios contienen la narrativa.
La ciudad contiene el costo.
Y los estudiantes contienen las consecuencias.
Una organización como la CNTE que no ofrece nada a cambio no puede seguir presentándose como parte de una negociación.
Porque negociar no es llegar con una lista de exigencias máximas y esperar que el otro lado vaya cediendo hasta donde aguante la presión. Negociar no es bloquear una ciudad para ampliar el margen de concesión. Negociar no es convertir cada mesa en una antesala de la siguiente demanda. Negociar no es pedir derechos sin aceptar obligaciones.
Negociar es intercambiar valor.
Y en educación, el valor no puede medirse únicamente en salarios, plazas, prestaciones o pensiones. Tiene que medirse también en aprendizaje, asistencia, desempeño, continuidad, evaluación y resultados.
Sin esas preguntas, las mesas seguirán siendo lo que han sido ya demasiadas veces: espacios donde el gobierno administra el conflicto y la CNTE administra la presión, mientras la educación pública queda fuera de la negociación.
Y entonces habría que decirlo con todas sus letras.
Eso no es negociar.
Eso es exigir sentado.