En Amistad (1997), la película de Steven Spielberg basada en hechos reales, un grupo de africanos capturados para ser vendidos como esclavos logra tomar el control de una goleta española en 1839. Después son detenidos en Estados Unidos y llevados a juicio.
Hay una brutal escena que cuesta trabajo olvidar.
Antes del motín y ante la escasez de alimentos, los traficantes arrojan al mar a decenas de africanos encadenados entre sí. Caen al agua como fichas de dominó humanas. Basta empujar a los primeros para que la cadena haga el resto. Los cuerpos se hunden, uno tras otro, arrastrados por el peso del hierro y por el cálculo criminal de quienes decidieron que salía más barato deshacerse de ellos que seguir alimentándolos.
La escena no impacta solo por su crueldad. Impacta porque muestra la administración del horror. Faltan víveres, sobran cuerpos. Entonces los traficantes resuelven el problema como resuelven los criminales: tirando vidas por la borda para salvar el viaje y el negocio.
Esa imagen me vino a la cabeza al pensar en Rubén Rocha Moya.
El gobernador de Sinaloa, junto con otros funcionarios, fue acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Rocha niega los señalamientos. La presidenta Sheinbaum pide “pruebas contundentes”. La FGR dice que no ve elementos suficientes para una detención inmediata y solicitará más información. Mientras tanto, Rocha ya pidió licencia temporal para separarse del cargo.
Pero el problema ya no es solo Rocha. El problema es la cadena.
Porque cuando un expediente de esta naturaleza se abre desde Estados Unidos, la pregunta no puede quedarse en el destino personal de un gobernador.
Ahí empieza el dilema de Sheinbaum.
Si lo respalda demasiado, carga con él. Si lo suelta, reconoce que el caso tiene una gravedad política suficiente para marcar distancia. Si convierte el asunto en una defensa de la soberanía, corre el riesgo de que la letanía de la soberanía termine siendo leída como blindaje. Y si Estados Unidos tiene información más profunda, más amplia o comprometedora, el margen de maniobra puede volverse asfixiante.
La acusación toca el nervio más sensible del sistema político mexicano: la relación histórica entre crimen organizado, campañas, policías, gobiernos locales y estructuras de poder.
Esa relación dista de ser reciente. No pertenece a un solo partido. Es una historia de décadas. Una cadena larga, oxidada, pesada, que atraviesa territorios, instituciones, lealtades, complicidades, silencios y conveniencias.
Por eso el caso incomoda tanto.
Porque si la cadena empieza a jalar, nadie sabe exactamente hasta dónde puede llegar.
Durante años, el poder político mexicano ha preferido administrar este tema con una mezcla de silencio, negación y control de daños. Cuando la presión viene de afuera, se invoca la soberanía. Cuando viene de adentro, se habla de golpeteo. Cuando las pruebas no son públicas, se dice que no existen. Cuando aparecen, se dice que fueron fabricadas.
Pero esta vez el problema es distinto. Estados Unidos está acusando penalmente. Y aunque la acusación debe probarse, el impacto político ya ocurrió.
Rocha pidió licencia. Puede ser que la cadena se corte ahí. Pero también puede ocurrir otra cosa: que Rocha y su equipo sean apenas los primeros eslabones visibles de una estructura mucho más amplia.
En Amistad, los traficantes tiraban cuerpos al mar para salvar la travesía. En política, la tentación suele ser parecida: sacrificar a uno, a varios —o incluso a la verdad misma— para que el barco siga avanzando.
Sheinbaum tiene frente a sí una gran prueba de autoridad. No basta con pedir pruebas. No basta con hablar de soberanía. No basta con una licencia temporal. Tendrá que decidir si el Estado mexicano quiere saber hasta dónde llega la cadena o si prefiere mirar hacia otro lado antes de que empiece a jalar demasiados nombres.
Rocha Moya puede hundirse solo en apariencia. El problema es que nadie sabe cuántos nombres más vienen soldados a la misma cadena.
POSTDATA – Dudo mucho que Estados Unidos tenga solamente este expediente de Sinaloa en las brasas. La pregunta ya no es si habrá otro. La pregunta es quién sigue.