La acusación judicial de la fiscalía del distrito sur de Nueva York, que señaló al gobernador de Sinaloa y a nueve coacusados como partes en un pacto mafioso de impunidad con el crimen organizado, ha sacudido los cimientos del régimen. La sacudida no es resultado de la sorpresa. De todos es sabido que este pacto mafioso de impunidad se extiende por varios estados más. Esto apenas comienza.
El régimen se cimbra porque la acusación pone en el centro las ‘alianzas intolerables’ entre políticos y criminales: la acción criminal no es sólo el narcotráfico, sino comprar elecciones mediante dinero ‘caliente’, amenazas, secuestro, etc.
En Sinaloa y otros estados más, el relevo de gobiernos se ha puesto en manos del crimen organizado. Ello por la vía de un partido que olvidó para qué quería gobernar y hoy se centra en su permanencia en el poder a toda costa, ‘haiga sido como haiga sido’.
En Tamaulipas conocemos el ciclo: de la tolerancia al crimen organizado se pasa a la complicidad, luego a la asociación y finalmente a la subordinación del poder político al poder criminal, cuyo dinero financia a partidos, candidatos y campañas, mientras autoridades electorales y judiciales a modo encubren estos delitos.
Vaya reacción fallida del gobierno. Primero, ubican el problema afuera, en el intervencionismo extranjero, la agresión a México, etc. Segundo, recurren al escapismo: ‘no hay pruebas’, ‘cuál es la prisa’, ‘se difunde información reservada’, aún si la acusación se ciñe al tratado de extradición.
El mensaje es devastador: algunos elementos del gobierno, de las fiscalías e incluso de las fuerzas armadas, no trabajan para el Estado mexicano sino para el crimen organizado, al que permiten depredar a los ciudadanos a quienes dicen representar.
Hoy Washington no va por un capo específico; busca desmantelar las redes institucionales que sostienen a los cárteles, etiquetados como terroristas.
Todo esto nos pesca en un contexto de extrema vulnerabilidad frente al gobierno de Donald Trump:
- La renegociación del T-MEC, que empieza el 25 de mayo, entra en zona de riesgo. Su capítulo 27 pone a México contra la pared: debe tipificar corrupción, identificar responsabilidad penal de empresas y cuidar la integridad de funcionarios.
- La dependencia energética extrema se agudiza: México depende de EU en el 75% de su consumo de gas natural y más de la mitad de la gasolina que consumimos. El cierre del estrecho de Ormuz es el preludio a un periodo de astringencia donde EU privilegiará su consumo interno por encima de la exportación, por lo que el suministro a México se vería afectado.
Después de las escaramuzas iniciales, al parecer, la instrucción desde Palacio Nacional es que la fiscalía siga escrupulosamente los pasos que indica el manual. De nuevo: demasiado poco, demasiado tarde.
Un partido que se autodenomina de izquierda y cuya consigna es defender la soberanía, ha terminado por ponernos de rodillas frente a Estados Unidos.
El choque con las obsesiones de Trump es de pronóstico reservado. Lo que preocupa es que este gobierno se dedique a defender a los suyos y no a desmantelar al ecosistema narcopolítico.
Sigue en el aire la pregunta: ¿Puede el partido del gobierno ganar elecciones sin recurrir al dinero ‘caliente’ del narco y el crimen organizado?
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