En coautoría con Mariana Zaragoza y Patricia Zamudio
Este es un gobierno indigno, responsable de una tragedia criminal.
La política migratoria en México mata (https://bit.ly/3zndnfj): deja encerrados bajo llave, en una cárcel ilegal, a migrantes que mueren calcinados en instalaciones del Instituto Nacional de Migración (Inami), en Ciudad Juárez, el 27 de marzo de 2023.
Este gobierno ha abdicado de su responsabilidad de tutelar la vida. Incumple el artículo 1 de nuestra Constitución, que ofrece garantías de seguridad personal a todas las personas que se encuentran en territorio nacional.
En agosto de 2019, asumimos el cargo de consejeras y consejero ciudadano del Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (CCSegob). El 19 de septiembre se creó la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria, a cargo del canciller Marcelo Ebrard. Se fueron diluyendo las funciones del Consejo y la participación de Segob en materia de política migratoria.
La tragedia no es el incendio, sino una larga serie de hechos que condujeron a este acto criminal.
1. Ausencia de una verdadera política migratoria propia. A partir de la ‘Declaración conjunta México-Estados Unidos’ del 8 de junio de 2019 (http://bit.ly/3Zp3eyQ), la externalización de la frontera sur de EU ha obstaculizado el otorgamiento de protección internacional a centenares de miles de personas que huyen de su país de origen para salvar su vida.
2. Tratar a los migrantes como moneda de cambio: México realiza contención migratoria a cambio de que la Casa Blanca deje de pronunciarse sobre violaciones a los derechos humanos en México.
3. Nombramiento de un carcelero al frente del Inami, para ‘atender’ migrantes, que se traduce en encarcelarlos.
4. Oídos sordos a las denuncias de organismos de sociedad civil —tras una visita in situ en septiembre de 2022— de las condiciones de privación de la libertad y hacinamiento en la estancia provisional de Cd. Juárez.
5. Desmantelamiento arbitrario de la representación de organismos ciudadanos y academia, voces críticas en el CCSegob.
6. Desprecio al trabajo de defensores y de albergues. Lejos de coadyuvar con albergues y refugios en el respeto y condiciones dignas para migrantes, se obstaculiza su labor.
7. Impunidad total de bandas de traficantes y trata de personas. Hay complicidad oficial con el tráfico y la trata de personas, que pueden dejar más dinero que el narcotráfico.
Este gobierno ha dejado impunes la masacre de 19 migrantes guatemaltecos en Camargo, Tamps. (22 ene 2021), y la muerte de 57 migrantes en la caja de un tráiler en Chiapas (9 dic 2021), entre otras.
Esta vez debe ser diferente. Debe ser destituido e inhabilitado el Comisionado del INM, Francisco Garduño. Deben concluir la militarización de las fronteras y la participación de la Guardia Nacional en el control migratorio: migrar no es un delito, alto a la detención migratoria. Es inaceptable que sólo señalen como responsables de la tragedia en Ciudad Juárez a personal del centro de detención; estamos frente a un crimen de Estado.
No a la impunidad, no a la indignidad, no a la barbarie.
