Rodolfo Bautista García
En el libro La Política, Aristóteles explica que “toda asociación no se forma sino en vista de algún bien”, es decir, que los seres humanos actúan siempre buscando lo que les parece bueno. Sin embargo, actuar pensando en hacer lo bueno no necesariamente indica que se esté logrando, y por ello se requiere revisar cuáles son los avances y los pendientes que un gobierno tiene.
Pero esa revisión queda atrapada en un debate dicotómico que se expresa en las conferencias mañaneras de la Presidenta, en los medios de comunicación y en las redes sociales. Todos los días se plantea que existe una disputa entre un proyecto progresista y transformador y una derecha ultraconservadora: un gobierno que lleva a la debacle al país o un gobierno que va viento en popa con la transformación.
Sin embargo, este debate ha relegado dimensiones relevantes de la realidad nacional. Lo que ha quedado en segundo plano son las voces de quienes viven los problemas de la vida cotidiana, y mantienen demandas concretas desde hace varios años. Quienes se organizan para reclamar sus derechos, o el cambio prometido, en ocasiones son estigmatizados como radicales o conservadores por la clase política. Los movimientos sociales que luchan por salario y condiciones de trabajo, el cancelación de la visa de Andy,y que padecen los problemas y errores de la administración pública son tildados de apoyar al bando contrario.
En contraste con ese debate polarizado, las percepciones de la población indican que los actores del sistema político mexicano generan desconfianza. Los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) elaborada por el INEGI, muestran experiencias y percepciones bajas respecto a los trámites y servicios públicos que proporcionan los tres niveles de gobierno, incluidos los relacionados con seguridad pública y justicia.
Las estimaciones de la ENCIG en materia de corrupción y confianza institucional nos dicen que el 84.1% de los entrevistados considera frecuentes los actos de corrupción, y fueron los estados de Hidalgo, Oaxaca y Sinaloa los que registraron mayores porcentajes. Esto nos indica que se necesita trabajar de manera más fuerte en el combate a la corrupción y en la mejora de la administración pública. Los datos que más llaman la atención son los que se relacionan con la satisfacción y la confianza con las instituciones del Estado pues solo 23.9 % manifestó tener confianza en partidos políticos; 29.7%, en las cámaras de diputados y senadores, y 34.1%, en ministerios públicos o fiscalías estatales que, en comparación con el ejercicio anterior, cayeron.
Estos datos de desconfianza no son una abstracción, sino reflejo de los errores en el ejercicio del poder público: el actual contexto preelectoral rumbo a 2027, obliga a voltear en la dirección de las promesas sin cumplir y los pendientes por hacer para comprender las razones por las que existen sectores que critican a los tres niveles del gobierno pero que no necesariamente apoyan a su oposición.
Los movimientos sociales por los desaparecidos, en defensa de la salud y del régimen público y solidario de pensiones, entre otros, observan una sociedad con muchos problemas y con posibilidad de resolverlos en otra mejor mediante la acción colectiva, y consideran que las vías democráticas pueden regular esas tensiones y construir alternativas de solución. Por lo tanto, se debe recuperar la dimensión teleológica de la política, sus fines, sus propósitos y sus objetivos concretos, para evaluar en qué dirección se camina en el actual gobierno.
Estudiante de maestría en el Instituto Mora e integrante del CACEPS. caceps@gmail.com