No falla; cada vez que escribo, hablo o tuiteo sobre temas de migración , asilo y refugio, la reacción en México es en general una de total indiferencia y desinterés. Ello no deja de ser incomprensible, paradójico e incongruente en un país de expulsión y migración histórica como el nuestro, con una diáspora de 11 millones de mexicanos solo en Estados Unidos y en momentos en los que después de más de una década de caída atestiguamos un nuevo brinco en la emigración de mexicanos registrado a partir de 2020, así como el hecho de que en el último lustro México se ha convertido además en un país de transmigración e inmigración. Pero al igual que Shakespeare en boca de su Enrique V, aquí voy, “una vez más a la brecha, queridos amigos, una vez más.”
Y es que tal y como anticipábamos algunos, quizá el logro más relevante de la recién concluida Cumbre de las Américas fue la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, firmada por una veintena de naciones del continente, incluyendo a Estados Unidos y Canadá. Articulada en torno al paradigma de responsabilidad compartida, un principio que fue incorporado formalmente a la caja de herramientas de la relación bilateral México-EE.UU en 2007, la declaración compromete a las partes a ampliar vías para la migración legal, apoyar la integración de los inmigrantes, invertir en la gestión de los flujos migratorios y coordinar de manera temprana las respuestas a la migración y el desplazamiento masivos.
Como nunca en la historia americana, hay un número sin precedente de migrantes, refugiados y personas internamente desplazadas en todo el continente. Hay cerca de 5 millones de venezolanos, la mayoría de ellos en territorio colombiano, más de un millón de haitianos en movimiento y la oleada más grande de migrantes cubanos, haciendo palidecer al éxodo de Mariel de 1980: se calcula que el equivalente al 1 por ciento del total de la población cubana ha llegado en lo que va del año a la frontera de México con EE.UU. En este momento, están cruzando el Tapón del Darién (entre Panamá y Colombia) un promedio diario de 1,000 migrantes camino a México. Y la detención de migrantes a lo largo de la frontera de EE.UU aumentó en mayo a los niveles más altos jamás registrados, junto con un número inédito de inmigrantes de India, Turquía y Rusia y de otras naciones fuera del hemisferio occidental, según revelan los informes más recientes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos. El análisis de esos datos arroja cifras sorprendentes. El mes pasado, el número de cruces fronterizos de indios arrestados por CBP aumentó a 2,438, un 55 por ciento más que en abril; 2,310 turcos, un 51 por ciento más; y 3,394 rusos, un aumento de 102 por ciento. Y si bien las cifras de CBP también muestran que los cruces fronterizos indocumentados de mexicanos, centroamericanos, cubanos y haitianos continuaron en grandes cantidades en mayo, las autoridades también detuvieron a 19,040 migrantes de Colombia, un 45 por ciento más que en abril. A modo de contexto, las autoridades estadounidenses detuvieron a 408 colombianos durante el mismo período hace un año, en mayo de 2021. La composición misma de la migración centroamericana también está cambiando, según muestran los datos del mes pasado: CBP detuvo a 18,944 nicaragüenses el mes pasado, un récord y más del doble de la cantidad de migrantes salvadoreños detenidos. Mayo suele ser un mes con elevados niveles de cruces fronterizos no autorizados, pero las últimas cifras indican una oleada migratoria mucho más diversificada que presenta desafíos logísticos y político-electorales significativos para la administración Biden.
Si bien el acuerdo alcanzado en Los Ángeles no es vinculante, marca, como señala Andrew Selee, presidente del Migration Policy Institute, un importante paso hacia adelante en la creación de un lenguaje común y un cuerpo coherente de ideas para gestionar de manera más colaborativa los movimientos migratorios en el continente. Es además la primera ocasión que se genera un esbozo de conversación continental en la materia. Lo que hizo posible la Declaración de Los Ángeles es que por vez primera en la historia moderna, casi todos los países del hemisferio son ahora países de tránsito y de acogida de migrantes y refugiados. Hace apenas unos años, el diálogo y los flujos eran unidireccionales. Estados Unidos y Canadá eran los principales destinos de la mayoría de los migrantes de América Latina y el Caribe. Hoy la conversación se ha tornado forzosamente en una sobre desafíos compartidos en la gestión de grandes movimientos poblacionales que afectan a casi todos los países de la región. Y es significativo que la Declaración de Los Ángeles fuera propuesta por Estados Unidos, un país que tradicionalmente ha sido reacio a incorporar la cooperación internacional como parte de la gestión y definición de sus políticas de inmigración.
Pero antes de echar las campanas al vuelo, es esencial reconocer que del dicho en Los Ángeles al hecho en el continente, hay un gran trecho. Cinco temas justifican este recelo.
Primero, si bien los países acordaron buscar estabilizar los movimientos migratorios invirtiendo en las causas estructurales que llevan a las personas a abandonar sus países de origen y apoyar a aquellas naciones que ya han recibido grandes números de migrantes y refugiados, como lo ha hecho de manera loable Colombia con los venezolanos, estos esfuerzos tomarán tiempo significativo en tener éxito sobre todo si no van acompañados de mecanismos legales, transparentes, ordenados y seguros de movilidad laboral circular y temporal. Cada vez hay más evidencia de que las vías legales pueden ayudar a disuadir la migración irregular al canalizar a aquellos que quieren migrar hacia opciones más seguras y sostenibles, algo que las estrategias prevalecientes articuladas en torno a la disuasión -empezando por las estadounidenses, subcontratadas ahora vía la instrumentación de las mexicanas- no han logrado.
Segundo, los esfuerzos de integración son esenciales. Aquí lo que han hecho Polonia y la Unión Europea con refugiados ucranianos debiera ser el modelo a seguir en varios países del continente, incluyendo México: Bruselas dio un paso importante al aprobar una directiva que otorga un estatus de protección temporal a los ciudadanos ucranianos por hasta un año. La nueva medida les otorga el derecho a vivir, trabajar y asistir a la escuela en países de la UE sin tener que pasar por el proceso formal de solicitud de asilo. Es por ello que bien podríamos calificar como desdeñable el compromiso de Washington en la Cumbre de asumir el reasentamiento de 20,000 refugiados del hemisferio en suelo estadounidense -cuando de entrada hay 5 millones de refugiados venezolanos en la región- si no fuese por lo radioactivo que es el tema en el actual contexto político-electoral estadounidense.
Tercero y vinculado con estas dos primeras premisas, de nueva cuenta cabe rescatar el modelo que ha seguido Polonia con el tsunami de refugiados ucranianos. Es esencial desechar el modelo de campamentos de refugiados en zonas fronterizas, ya sea como el que han seguido México y EE.UU en sus estados y municipios y condados fronterizos, o el de Colombia en su zona limítrofe con Venezuela. Los refugiados y migrantes deben ser dispersados y acogidos en ciudades y regiones de todo el país, lejos de las zonas fronterizas, con objeto de evitar la carga onerosa de vastos campamentos fronterizos de refugiados y romper ahí los ciclos de depredación del crimen organizado.
Cuarto, los países acordaron en Los Ángeles mejorar sus capacidades de gestión de la migración y aumentar el intercambio de información y la coordinación transfronteriza para abordar las redes de contrabando, combatir la trata de personas y repatriar a personas de manera que se respete su dignidad y se evite la deportación de aquellos con solicitudes de protección válidas. Pero aún queda mucho por hacer para desarticular de manera eficaz y real a los grupos criminales trasnacionales que han desplazado a las redes tradicionales de polleros y crear comunicación y cooperación en la gestión de procesos migratorios básicos a través de las fronteras, especialmente entre países vecinos, en pleno respeto a las convenciones y tratados internacionales. En particular, nos debiera preocupar la promoción de cualquier mecanismo regional que disuada a refugiados de buscar protección a través de mecanismos y convenciones formales, obligándolos a tomar opciones de migración peligrosas y al cobijo de las sombras. Por ello la declaración debe utilizarse como un punto de partida para armonizar y fortalecer los mecanismos de protección en todo el hemisferio y promover el principio de no devolución de potenciales refugiados. Es decir, se debe reforzar la práctica y observancia continentales en el sentido de que buscar asilo es un derecho legal en América, y que los “cajuelazos”, mediante los cuales se expulsa de manera expedita en violación a convenios internacionales de los que son parte las naciones americanas y sin opción a activar los mecanismos que garantizarían un proceso de asilo a potenciales refugiados -como lo hizo México primero con el gobierno de Peña Nieto a partir de 2014 y sobre todo ahora con el de López Obrador- sean proscritos.
Y quinto y finalmente, la Declaración de Los Ángeles le da la vuelta a una realidad ineludible: las políticas de disuasión y aplicación de la ley por sí mismas no desactivarán esta crisis migratoria que enfrentamos a lo largo y ancho del continente.
Por supuesto, es difícil atisbar cómo se implementará en la práctica el acuerdo alcanzado en la cumbre. Como muchas otras declaraciones internacionales, crea un conjunto de aspiraciones y propuestas compartidas, pero deja su aterrizaje y concreción y la implementación de entregables específicos para negociaciones posteriores, muchas de las cuales no serán fáciles de instrumentar. La Declaración de Los Ángeles solo tendrá éxito si se erige en el detonador de esfuerzos bilaterales y subregionales sobre cooperación migratoria en el continente, y en el motor de una conversación real e integral.