Estamos bien y de buenas. —Andrés Manuel López Obrador
El viernes pasado se difundió en las redes sociales un video que capta el momento en que se desató un enfrentamiento entre criminales y pobladores de Texcapilla, municipio de Texcaltitlán, al sur del Estado de México, no muy lejos de la capital del país. Con palos, machetes, hoces, cuchillos y algunos rifles viejos, pobladores de la comunidad que por años ha sido víctima de extorsiones, se enfrentaron a una célula criminal de La Familia Michoacana. Los delincuentes habían citado a los productores en el campo de futbol de la localidad para leerles la cartilla: pagaban la nueva cuota o perdían la vida.
El “cobro de piso” para los productores de habas, coliflor y chícharos resultó insoportable. Por años, sus denuncias ante la autoridad habían caído en tierra infértil, su delegado, Noé Olivares Alpízar, encabezó la resistencia y perdió la vida. Es un héroe para su comunidad.
De acuerdo con la Fiscalía del Estado de México, tres de sus “objetivos prioritarios” —entre ellos el jefe de plaza Rigoberto de la Sancha, apodado El Payaso— están entre los muertos. Durante años, este criminal operó a sus anchas en esa región sin que ninguna autoridad lo aprehendiera. Los gobernadores Alfredo Del Mazo y Enrique Peña Nieto incumplieron su responsabilidad mayor y hoy pueden gozar su retiro dorado en destinos idílicos y con la bendición presidencial.
Pero la experiencia de Texcapilla es solo una pequeña muestra de lo que están sufriendo productores en muy diversas regiones del país. Lo sufren aguacateros y limoneros de Michoacán, comerciantes en Acapulco, transportistas y las empresas mineras… Y en todos los casos es notoria la ausencia de autoridades, lo mismo municipales que estatales y federales, mientras las bandas criminales imponen su ley.
¿Es que no hay responsabilidades asignadas por los mandos superiores en esos cuadrantes? ¿Ningún jefe de la Guardia Nacional, del Ejército o de la policía estatal puede responder por sus omisiones o complicidades?
Todos los recursos tecnológicos y de inteligencia de distintas instituciones públicas resultan inútiles porque la decisión del alto mando —que confunde la aplicación de la ley con represión— es no confrontar. Ayer EL UNIVERSAL publicó que desde 2020 la Secretaría de la Defensa tiene identificados a los grupos criminales, entre ellos, La Familia Michoacana, con presencia en 44 municipios del Estado de México. Tampoco sirven las becas para los jóvenes porque los de mala entraña prefieren integrarse a las bandas donde ganan mucho más de lo que les pueden ofrecer las becas del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
La mancha delictiva crece y se extiende por todo el país y ante el horror, la reacción del Presidente es negar la realidad, decir que vamos bien y de buenas. La estrategia de seguridad pública de este gobierno —abrazos, no balazos— es un factor esencial para explicar el desbordamiento criminal y el desamparo de las comunidades. Y en el colmo, la candidata oficial ofrece continuidad, más de lo mismo.