Han trascurrido más de dos años sin que se resuelva el homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien fuera Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El hecho presuntamente ocurrió en la finca de Huertos del Pedregal,en Culiacán, Sinaloa, por lo que el delito originalmente era competencia de la Fiscalía General de ese estado. Sin embargo, las autoridades encargadas de esa investigación fueron acusadas de montar una versión falsa de los hechos y del lugar donde supuestamente el exrector fue herido por arma de fuego. La Fiscalía oficialmente informó que su deceso derivó de un intento de asalto en una gasolinera, pero fueron desmentidos por el propio Ismael El Mayo Zambada, quien mediante una carta, que publicaron diversos medios de comunicación, aclaró lo sucedido.
Por esa razón, la Fiscalía General de la República ejerció su facultad para atraer esa investigación en la que de alguna forma está implicado el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. No es la primera vez que se acusa la intervención de un gobernador para ejercer presión sobre la Fiscalía del Estado con el fin de encubrir un hecho delictivo. En otras ocasiones hemos referido que, en la práctica, las fiscalías no gozan de plena autonomía en ciertos asuntos.
Dámaso López Saavedra, exvicefiscal del Estado de Sinaloa, se encargó de las primeras diligencias de la investigación del homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda y ahora sabemos que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación formal contra él por su presunta colaboración para proteger al Cártel de Sinaloa y ayudarlos a introducir a Estados Unidos diversas drogas. Por ese motivo se solicitó su extradición junto con otros funcionarios de Sinaloa, incluido el gobernador con licencia, Rocha Moya.
Ahora el dilema es el mismo: la FGR actuará hasta las últimas consecuencias “caiga quien caiga”, o evitará documentar la verdad de los hechos por razones políticas o de intereses personales, como sucedió en la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Si bien el gobernador Rocha Moya declaró públicamente que el 25 de julio de 2024, día en que presuntamente se asesinó al exrector, fue a Estados Unidos a visitar a unos familiares, legalmente es posible que se acredite su participación en ese homicidio. Los abogados saben que hay distintas formas de responsabilidad penal además de la de autor material.
No sabemos si existen pruebas en su contra, pero esta semana el periodista Raymundo Riva Palacio dio a conocer en su columna que “el gobierno de Estados Unidos informó que el Departamento de Justicia está ampliando las acusaciones en su contra para incluir el asesinato del diputado federal Héctor Melesio Cuén, con quien tenía un viejo diferendo, donde vincularían el crimen con el delito de conspiración para distribuir y comercializar droga en Estados Unidos”.
Se trata, sin duda, de un asunto de alto nivel que compromete a las instituciones de procuración de justicia mexicanas a dos años de haber sucedido. ¿Tendrán las autoridades estadounidenses la capacidad de resolver un crimen que se cometió en nuestro país antes de que lo haga la Fiscalía General de la República?
Académico de la UNAM