El Senado de la República aprobó la semana pasada por unanimidad una reforma al artículo 73 constitucional para facultar al Congreso a expedir una Ley General en materia de Feminicidio que permita establecer un tipo penal y sanciones homogéneas en todo el país. Esta tendencia de hacer leyes generales no está equivocada en la finalidad, pero sí en el método.
Claro que es mejor tener una sola ley para todo el país que nos permita conocerla, aplicarla de la misma forma en cualquier fiscalía e interpretarla de una vez por todas hasta conformar una jurisprudencia que dé certeza jurídica a todos los involucrados, ya sean víctimas o imputados. Sin embargo, llevamos varias reformas a la fracción XXI del artículo 73 constitucional; una para homologar la ley en materia de secuestro; otra ley para que se aplique la misma legislación en todo el país, relacionada con el delito de tortura; una ley general más en materia de trata de personas; otra diferente para el delito de extorsión, delincuencia organizada y, ahora, feminicidio. El punto es que en lugar de hacer una ley general por cada delito, deberíamos tener un solo Código Penal Nacional, para que no sólo los antes mencionados, sino que todos los delitos tengan la misma tipicidad y sanciones en México.
Ya se logró, precisamente, con la reforma del 2 de julio de 2015 al mismo precepto constitucional, una legislación única en materia de procedimiento penal. Esto mismo podría hacerse para consolidar un solo Código Penal que tenga los mismos delitos en todo el territorio nacional. La homologación podría hacerse con una sola ley general o nacional para todos los delitos, y no una ley general por cada delito.
España, Alemania y otros países que gobiernan unidos por una federación y mantienen su independencia territorial, cuentan con un solo código penal desde hace muchos años. Nosotros seguimos con 32 códigos penales para cada una de las entidades federativas, un Código de Justicia Militar y un Código Penal Federal.
Con esta reforma, el Ejecutivo Federal pretende que existan los mismos estándares de investigación, fortalecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios en el combate a ese delito, para ayudar a facilitar que la aplicación e interpretación del delito de feminicidio no complique a las fiscalías y se limite la posibilidad de que, por tecnicismos jurídicos, quede impune un delito grave de esa naturaleza. Pensamos que ese mismo impulso se debe dar para todos los delitos, y que conviene que exista solo un Código Penal Nacional.
Esta semana la Cámara de Diputados conoció de esa reforma constitucional que ya fue aprobada y seguirá el procedimiento que establece el artículo 135 constitucional. Valdría la pena recordar que las leyes por sí solas no resuelven el problema de los homicidios en México. Las policías, los fiscales y los jueces son los responsables de hacer justicia y que no queden impunes los cientos de feminicidios que duelen a los familiares y merecen nuestra indignación y solidaridad.
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