Hay decisiones que se pagan de inmediato y hay decisiones que se pagan con años de retraso. La que Estados Unidos tomó el 1 de julio de 2026 pertenece a la segunda categoría, y su factura apenas comienza a llegar. Ese día, en una reunión virtual convocada al amparo del artículo 34.7 del TMEC, Washington comunicó a México y Canadá que no acepta renovarlo automáticamente por dieciséis años más. En su lugar, el acuerdo seguirá vigente hasta 2036, pero sometido a revisiones anuales cuyo alcance —trece temas propuestos por México y catorce por Estados Unidos— todavía se está negociando. La siguiente ronda bilateral está fijada para la semana del 20 de julio.
No es, técnicamente, una ruptura. El representante comercial estadounidense fue explícito: el tratado no se termina, permanece en vigor mientras se resuelven las inconformidades que Washington ha identificado. Pero tampoco es una simple formalidad. Convertir un horizonte de certeza de dieciséis años en un ciclo de revisiones año con año es, en sí mismo, un mensaje: Estados Unidos ya no está dispuesto a brindarle a México la confianza que le dio en 2018.
Ese es el dato que más debería preocuparnos, más allá de la mecánica jurídica del tratado. La confianza no se mide en cláusulas, se mide en comportamiento sostenido. Y durante los recientes años, México ha acumulado señales que erosionan esa confianza: debilitamiento institucional, incertidumbre en el estado de derecho, complicidad del partido gobernante con grupos criminales, creciente corrupción, tensiones con sectores productivos y una política exterior que en más de una ocasión ha antepuesto la simpatía ideológica a la conveniencia estratégica del país. Nada de esto ocurre en el vacío. Los inversionistas y los gobiernos socios observan patrones, no discursos, y el patrón que han visto en México en los recientes dos sexenios no es el de un socio que refuerza certidumbre, sino el de uno que la pone a prueba constantemente.
El TMEC no fue un regalo ni un accidente histórico: fue el resultado de décadas de construcción institucional, de negociaciones que entendieron la integración norteamericana como una política de Estado, no como una bandera de un solo gobierno o partido. Cuando un gobierno trata la relación con sus socios comerciales como un espacio para la confrontación retórica en lugar de la construcción de acuerdos, el costo no lo paga la clase política: lo paga el trabajador de la maquiladora, el productor agrícola, la pequeña empresa exportadora que depende de reglas estables para planear su siguiente año.
¿Qué exige este momento? Primero, dejar de administrar la relación bilateral como un problema de comunicación y empezar a tratarla como lo que es: un problema de credibilidad estructural. Segundo, construir una defensa técnica sólida frente a las acusaciones de prácticas comerciales desleales, en lugar de descalificaciones improvisadas. Tercero, entender que la ronda del 20 de julio no es un trámite más, sino la primera oportunidad real de mostrar que México puede negociar con seriedad temas sensibles —aranceles de la sección 232, mecanismos laborales, dependencia de insumos asiáticos— sin ceder soberanía ni sacrificar competitividad.
México sigue siendo, hoy, el principal socio comercial de Estados Unidos en intercambio de mercancías. Esa posición no es un derecho adquirido: es un activo que se defiende con hechos, no con narrativas. La pregunta que debería inquietarnos no es si el TMEC sobrevivirá hasta 2036 —probablemente lo hará, en alguna forma—, sino en qué condiciones llegará México a esa fecha: como un socio que recuperó la confianza que dilapidó, o como uno que administró una década de revisiones anuales sin resolver nunca el problema de fondo.
Presidente Nacional del PRI
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