La población con más de 60 años en México sufre múltiples obstáculos para ejercer sus derechos y tener acceso a servicios públicos de salud, seguridad social e infraestructura. Incluso, 4 de cada 10 adultos mayores consideran que esta realidad obedece a una discriminación por su edad.
Lo anterior, obliga que los tres Poderes de la Unión y de cada entidad federativa trabajen para evitar estos actos de injusticia y segregación.
Por esa razón, la diputada federal y secretaria general del PRI, Alma Carolina Viggiano Austria, ha presentado la iniciativa de reforma constitucional para establecer que la pensión a adultos será un derecho universal a partir de los 60 años y no de los 65 para comunidades indígenas ni 68 para la población general.
Se trata de reconocer que entre los 60 y 68 años los adultos mayores se encuentran desprotegidos y se les obliga a alargar su vida laboral, a pesar de sufrir condiciones de discapacidad o extremo cansancio, minando con ello su calidad de vida.
Con fundamento en un diagnóstico certero de las condiciones reales que vive la población adulta mayor en nuestro país, la diputada hidalguense Alma Carolina Viggiano ha presentado esta iniciativa de reforma al artículo 4º constitucional, con el objetivo de establecer que la pensión no contributiva será un derecho para toda persona a partir de los 60 años, propuesta que en el PRI apoyamos e impulsamos, convencidos de que se requiere en México y que debe ser una realidad para atender a un amplio sector de la sociedad.
Establecer este derecho constitucional en esos términos permitiría reducir la brecha de desigualdad económica, al garantizar un ingreso mínimo a todas las personas de 60 años y más que así lo requieran, creando una base sólida para una vida adulta mayor digna, independientemente del historial laboral o ingresos propios.
También, una población pensionada con ingresos seguros tiene un impacto positivo en la economía, pues estimula la actividad económica y contribuye al crecimiento del país.
Es claro que la implementación de una pensión universal requiere una planificación y administración financiera adecuada para garantizar su sostenibilidad a largo plazo, para lo cual se debe llevar a cabo un análisis exhaustivo y establecer mecanismos de financiamiento sólidos.
La implementación de una pensión universal a los 60 años de edad representa un avance significativo hacia una sociedad más equitativa y justa, lo cual es prioridad para el PRI.