La semana pasada, el Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (APHIS-USDA, por sus siglas en inglés) anunció la suspensión temporal del envío de aguacates provenientes de Michoacán, luego de que uno de sus inspectores recibió una llamada amenazante en su teléfono oficial.
Según parece, las autoridades estadounidenses consideraron que la amenaza era suficientemente creíble para tomar una medida que pone en jaque a una industria que exporta más de 3,000 millones de dólares al año y da empleo a 300,000 personas.
¿Qué hay detrás de esto? ¿Por qué alguien querría amenazar a un inspector sanitario?
Para entenderlo, se requiere algo de contexto. A finales de los años 90, el gobierno de México logró que se abriera el mercado estadounidense a las exportaciones de aguacate provenientes de Michoacán. Como parte del arreglo, se estableció un mecanismo de inspección y certificación de los plantíos aguacateros en ese estado.
Ese fue el inicio del boom aguacatero en Michoacán. La producción se expandió a un ritmo endemoniado, a la par de los ingresos de los productores.
Las mafias locales, empezando por la Familia Michoacana, luego convertidos en los Caballeros Templarios, no tardaron en darse cuenta de que allí había una enorme fuente potencial de ingresos. Y, en algún punto de la primera década del siglo, comenzaron a cobrarle piso a los productores.
Algunos montaron una seria resistencia ante los embates de los criminales. En Tancítaro, por ejemplo, los productores crearon una milicia local que luego se transformaría en la policía del municipio. Otros simplemente pagaron.
Tras la caída de los Templarios, luego de la intervención federal de 2014, la situación se volvió más fluida y varios grupos le entraron al negocio de la extorsión a los aguacateros. En esa situación, los grupos criminales dieron un paso adicional: ya no solo buscaban extraer rentas de los productores, sino que pretendían regular el mercado, estableciendo cuotas de producción y fijando precios. Es decir, establecer un cártel en el sentido estricto de la palabra.
Y es allí donde adquiere sentido la amenaza a los inspectores sanitarios estadounidenses. La APHIS-USDA tiene la llave para entrar al mercado estadounidense. Puede también cerrar la puerta. Una finca con certificación vale varias veces más que una finca que no la tiene.
En consecuencia, regular el mercado pasa por administrar el flujo de certificaciones. Ese puede haber sido el elemento central de la amenaza al inspector estadounidense: certifica a tal o cual productor o ciérrale la puerta a estos u otros aguacateros. Eso o cuello. Especulo sin duda, pero no parece descabellado.
Toda esta historia sirve para ilustrar que algunos grupos criminales (a menudo, en complicidad abierta con actores políticos) han evolucionado hacia formas más sofisticadas de extorsión y extracción de rentas. Ya no se limitan a simplemente robar, sino que buscan insertarse en las operaciones de diversos mercados.
Esto representa una amenaza gigante para el futuro económico del país. Si la práctica se extiende a otros sectores (sucede también en el caso del limón, por ejemplo), varios mercados externos se cerrarían a las exportaciones. Eso apagaría el que ha sido el principal motor de la economía mexicana desde hace 30 años.
Ojalá las autoridades le den a este caso la importancia que amerita.
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