Hay una pregunta que pocos se atreven a formular en voz alta: ¿por qué un pasajero que vuela desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) paga una de las tarifas de uso aeroportuario mas altas del mundo, en una terminal deteriorada, congestionada y sin perspectiva clara de modernización real?
La respuesta es clara: porque en México, volar desde el AICM, se ha convertido en un mecanismo silencioso de recaudación para financiar decisiones políticas fallidas.
La Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) es hoy uno de los mejores ejemplos de cómo un instrumento técnico puede transformarse en un problema político de fondo. En 2026, la TUA internacional del AICM ronda los 58 dólares, colocándose entre las más altas del mundo. La comparación es reveladora: en São Paulo (Guarulhos) se pagan cerca de 11 dólares; en Tokio (Narita), 26 dólares; en Dubái, 34 dólares; y en París (Charles de Gaulle), alrededor de 12 dólares.
México cobra como aeropuerto de primer mundo cuando ofrece condiciones de otro tiempo. Basta recorrer el AICM para constatarlo. Saturación estructural, instalaciones deterioradas, servicios rebasados y una experiencia que dista de los estándares internacionales. Esta no es una percepción aislada. La propia Asociación Internacional de Transporte Aereo (IATA) por sus siglas en inglés, ha sido clara: el AICM presenta condiciones de deterioro y, al mismo tiempo, mantiene una de las tarifas más elevadas del planeta. Más aún, ha advertido que una proporción relevante de la TUA no se reinvierte en infraestructura aeroportuaria, rompiendo un principio básico de eficiencia y equidad en la gestión aeroportuaria.
Aquí es donde el problema deja de ser técnico y se vuelve político. Una parte significativa de la TUA se destina a cubrir la deuda del cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de México, una obra inexistente cuyo costo seguirá pagándose hasta 2047. Es decir, millones de pasajeros financian, sin alternativa ni transparencia suficiente, una decisión de política pública que no generó el activo prometido.
Esto tiene nombre: socialización de pérdidas políticas.
El Estado trasladó el costo de una decisión a los ciudadanos sin llamarlo impuesto, sin discusión pública real y sin una rendición de cuentas clara. Cada boleto de avión incorpora un sobrecosto que no mejora el servicio, no amplía la capacidad y no responde a las necesidades actuales del sistema aeroportuario.
Las consecuencias no son menores. Una TUA elevada encarece los boletos, reduce la competitividad de los destinos mexicanos y limita el acceso al transporte aéreo. En un país donde la conectividad es clave para el turismo, el comercio y la integración regional, esta política no es neutra: es regresiva y contraproducente para el desarrollo.
A ello se suma un hecho incómodo. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles no ha logrado consolidarse como el complemento funcional que el sistema requiere. La redistribución de la demanda sigue siendo limitada, mientras el AICM continúa operando al límite de su capacidad. El resultado es un sistema que cobra caro, funciona mal y no resuelve el problema estructural.
México no carece de diagnósticos. La propia IATA ha planteado la necesidad de un plan maestro integral, de largo plazo, con participación de la industria y con objetivos claros de modernización. Lo que falta no es información, es decisión política.
Separar la TUA de la deuda heredada, transparentar su uso y garantizar su reinversión efectiva en infraestructura no es un tema técnico: es una definición de gobierno. Es decidir si se mantiene un modelo que castiga al usuario o si se construye uno que impulse la competitividad del país.
Porque al final, la TUA del AICM no es solo una tarifa aeroportuaria. Es un reflejo de cómo se toman las decisiones públicas en México: sin asumir plenamente sus costos políticos, pero asegurando que alguien más los pague. Y en este caso especìfico, ese alguien es el pasajero.
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