Los resultados que arrojó el censo del 2020 vinieron a confirmar y a cuantificar una realidad que ya estimábamos sobre nuestro país: casi tres cuartas partes de las y los mexicanos vivimos en ciudades, la mayoría de ellas compuestas por dos o más municipios. De acuerdo con los datos actuales, existen en México 74 zonas metropolitanas, de las cuales solamente dos cuentan con mecanismos de coordinación que operan exitosamente.
La falta de estos mecanismos generó que las ciudades en país crecieran de manera desordenada, provocando que diversos municipios que comparten relaciones de interdependencia en lo físico, económico, social y ambiental, se integren de facto por la dinámica urbana sin tener reglas comunes de cooperación y vinculación que les ayuden a desarrollarse de manera sostenible, y los costos de esta falta de coordinación los pagamos quienes habitamos en ellas.
Ante los desafíos urbanos que se viven en materia de movilidad, gestión de residuos, ordenamiento territorial y cambio climático entre otras, encontrar una manera en la que los municipios puedan coordinarse bajo una misma lógica de ciudad manteniendo su autonomía sigue siendo una tarea pendiente.
Reglamentar esta coordinación desde la Constitución parece ser el camino correcto hacia una verdadera metropolización, y la mejor manera de pavimentar el camino hacia una homologación armónica de las leyes generales y secundarias en la materia.
Reformar el artículo 115 constitucional para obligar a los municipios a coordinarse con sus contrapartes en las zonas metropolitanas, lejos de atentar contra la autonomía municipal, la consolida, ya que no establece limitaciones en su actuar y respeta sus libertades de asociación y ejercicio de funciones, al tiempo que aprovecha estas capacidades para construir en virtud de la metrópolis y las personas que habitan en ellas.
La coordinación metropolitana propiamente reglamentada traerá beneficios y oportunidades no solo para las ciudades y los gobiernos, sino para las personas. Dará a las autoridades una mejor capacidad de respuesta frente a riesgos climáticos, planeación de infraestructura en materia de transporte, construcción y gestión de viviendas y provisión de servicios públicos básicos.
Es indispensable atender el crecimiento de las zonas metropolitanas considerando los desafíos económicos, ambientales y sociales con una visión estratégica a futuro con el fin de lograr su desarrollo de manera ordenada a través de una coordinación efectiva con capacidad para crear políticas públicas que atiendan y den soluciones a los problemas que comúnmente aquejan a la nueva realidad demográfica, más allá de las afinidades y la voluntad política.
Ante la incertidumbre actual, es indispensable contar con modelos de gobernanza que garanticen el desarrollo sostenible de nuestras zonas metropolitanas más allá del color de los partidos que las gobiernan. La coordinación y la cooperación son la fórmula para hacer crecer nuestras ciudades de manera sostenible. Esta visión para las zonas metropolitanas nos dará la posibilidad de promover en el presente, las ciudades del futuro que queremos.
