La Consulta (im)Popular: poner a consulta lo que estás obligado a cumplir

Alberto Galarza

México vivió un día histórico para la construcción de la democracia: el ejercicio de la primera Consulta Popular nacional, que tuvo el objetivo constitucional de garantizar el derecho a opinar de todas las mexicanas y mexicanos. El Instituto Nacional Electoral cumplió a cabalidad con la organización de este mecanismo de participación directa y, a diferencia del violento proceso electoral de hace un par de meses, este 1 de agosto se vivió una jornada de democracia sin incidentes graves.

Sin embargo, la Consulta Popular estableció una pregunta que no le daba una alternativa clara, nítida y transparente a la ciudadanía de cómo se resolvería un tema de trascendencia nacional como son los crímenes del pasado. Tanto la mayoría del Poder Legislativo, que aprobó la Consulta, y el Poder Judicial, que rehízo la pregunta, son corresponsables junto con el Ejecutivo de que la mayoría de la ciudadanía prefiriera darle la espalda a la Consulta y no acudir a las urnas, pues como podemos percibir, también se participa absteniéndose.

Esta Consulta tuvo su origen en una promesa de campaña del presidente López Obrador quien, a través del uso de la mentira como forma de ganar popularidad y votos, hizo creer a sus simpatizantes que era necesaria una consulta para juzgar a expresidentes por los crímenes del pasado. Este primer ejercicio de democracia directa, como a muchos nos quedó claro, no era necesario para alcanzar sus objetivos.

¿Qué quiero decir con esto? Que, si estuviera verdaderamente preocupado por la justicia, el presidente se hubiera abstenido de utilizar su poder político en el Congreso de la Unión para imponer a un Fiscal General que hasta el momento ha demostrado ser poco eficiente para procesar los crímenes de actores políticos del pasado y ser extremadamente subordinado a los designios del jefe del Ejecutivo, como Gertz Manero. O desde la Secretaría de Gobernación, por medio de Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas, hubiera podido iniciar desde el primer día de su mandato procesos de memoria, verdad, justicia y reparación integral, para las víctimas de cualquier periodo de la historia.

Tanto a Morena como al presidente, les conviene olvidar que en México hay leyes para atender a las víctimas y que, además, existen una serie de principios emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los cuales obligan a México a disponer mecanismos efectivos e integrales para garantizar el derecho a la verdad tanto a las víctimas como a la sociedad en su conjunto.

No se requería una consulta para abrir procesos de investigación, juzgamiento y sanción de los responsables, ni para la reparación integral de los daños sufridos por las víctimas o para el establecimiento de mecanismos que eviten la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos. Es decir, no se requería poner a consulta lo que se está obligado a cumplir.

Después de la Consulta (im)Popular, es necesario impulsar desde el Estado, pero también desde fuera de él, iniciativas que cuenten con los medios necesarios para que tengan un abordaje integral, es decir, que estén coordinadas con procesos de justicia y rendición de cuentas; que permitan también una participación activa a las víctimas y el involucramiento de la sociedad civil; que estén a cargo de persona calificadas y no sean encabezadas por los amigos del presidente; tengan un enfoque intercultural, diverso y de género; y muy importante, que no se pretenda crear una “Mega” Comisión de la Verdad, sino que puedan existir varias que emerjan desde lo local y regional.

Existen delitos que por su gravedad pueden ser juzgados penalmente y otros que no, sin embargo, es necesario hacer investigaciones que nos digan con claridad que personas, partidos políticos, poderes fácticos y empresariales han sido los beneficiarios de los crímenes sucedidos en el pasado, incluyendo los ocurridos bajo el mandato de López Obrador.

Nada le impide al Estado hacerlo, de no llevar a cabo las investigaciones se demostrará que la primera Consulta Popular era en realidad una farsa para seguir midiendo la popularidad del presidente y de Morena con cargo al erario, un focus group millonario para saber dónde apretar e invertir de cara a las siguientes elecciones presidenciales, como al parecer lo volverá a hacer con la consulta en 2022 de revocación de mandato

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