De acuerdo con datos de la consultora The Competitive Intelligence Unit (CIU), al cierre de 2020 se contabilizaron cerca de 126 millones de líneas de telefonía móvil operando en México. Esta semana se votará en el Senado una propuesta de ley que, de aprobarse, afectará directamente a todos los usuarios, cuya privacidad y seguridad pondrían estar en riesgo con la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
Desde su aprobación en la Cámara de Diputados, tanto las autoridades como los expertos de asociaciones y colectivos que se dedican a la protección de datos personales han alzado la voz para expresar serias preocupaciones por el proyecto de decreto que pretende reformar la Ley General de Telecomunicaciones y Radiodifusión y crear un padrón nacional que contendría información tan sensible como el domicilio y los datos biométricos de los usuarios de las líneas telefónicas.
Recordemos que esta no es una idea totalmente nueva. En el año 2009, con Felipe Calderón como presidente, se creó el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT) que pretendía ser una herramienta para combatir el secuestro y la extorsión a través del registro de las líneas telefónicas asociadas a la CURP, el cual era resguardado por la Secretaría de Gobernación. Pasaron sólo un par de años, para tomar la decisión de derogar dicha base de datos a raíz de la desconfianza que se generó alrededor de diferentes filtraciones que comprometían los datos de las personas, y tras confirmarse que era ineficaz para alcanzar los objetivos buscados. Según información proporcionada por la Red en Defensa de los Derechos Digitales, en vez de incidir en la reducción de la delincuencia, los delitos de extorsión y secuestro repuntaron en 40 y 8 por ciento, respectivamente, durante el periodo de vigencia del RENAUT.
Sin embargo, parece que el gobierno actual es incapaz de aprender de los errores cometidos en el pasado.
La creación de este nuevo padrón podría poner en serio riesgo la seguridad de las personas usuarias de telefonía móvil ya que, de acuerdo a la minuta propuesta y aprobada por los diputados de Morena, serían las empresas de telefonía las encargadas de recolectar los datos de los usuarios y el Instituto Federal de Telecomunicaciones quien resguardaría dicha información. Desafortunadamente, ni las empresas ni el IFT están capacitados actualmente para dar el tratamiento debido a los datos personales de las y los usuarios, lo cual podría resultar en su mal uso e incluso en la comisión de delitos en contra de la ciudadanía.
Además de estos posibles conflictos, las características del padrón levantan sospechas sobre la intención del gobierno para reunir estos datos de las y los mexicanos. Organismos internacionales de derechos humanos ─como la Relatoría para la Libertad de Expresión de la ONU─ han advertido que la vinculación obligatoria de las líneas telefónicas y tarjetas SIM a la identidad de las personas compromete gravemente el derecho a comunicarse de manera anónima y facilita el monitoreo de la población, lo cual vulnera el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la privacidad. Alrededor del mundo, sólo 17 países exigen algún tipo de identificación biométrica para la compra de un chip de telefonía. Dicha lista está predominantemente compuesta de países autoritarios como China, Venezuela y los Emiratos Árabes Unidos. Sería una verdadera pena que México se uniera a un grupo de esas características.
Esta semana, desde el Senado, nos toca defender la privacidad de las y los mexicanos, por lo que nos opondremos tajantemente a la creación del Padrón Único de Usuario de Telefonía Móvil, esperando que los compañeros senadores de la mayoría actúen con responsabilidad y respetando los derechos de la ciudadanía.
