Hace poco más de un año sostuve en este mismo espacio que el verdadero problema de la gobernadora Marina del Pilar Ávila no era únicamente el retiro de su visa por parte de Estados Unidos. Lo verdaderamente grave era que comenzaba a perder algo indispensable para cualquier jefe de gobierno. La gobernabilidad.
Gobernar no consiste solamente en ocupar un cargo. Significa conducir la agenda pública, tomar decisiones y mantener la confianza suficiente para que la sociedad, los actores políticos y los sectores económicos sepan quién lleva el timón. Cuando esa confianza se erosiona, el gobierno deja de gobernar y empieza simplemente a administrar crisis.
Eso es exactamente lo que ha venido ocurriendo en Baja California.
Primero fue el retiro de las visas. Después aparecieron versiones constantes sobre investigaciones en Estados Unidos. Más tarde vino el anuncio del divorcio de la gobernadora, cuya autenticidad fue cuestionada por numerosos actores políticos y sociales al considerar que respondía más a una estrategia de control de daños que a una decisión estrictamente personal. Ahora surge el audio difundido esta semana que vuelve a colocar a Baja California en la conversación nacional por las razones equivocadas.
La discusión ya no gira alrededor del desarrollo económico, la seguridad o la competitividad del estado. El debate vuelve a centrarse en la situación política de su gobernadora.
Frente al audio existen únicamente tres hipótesis razonables.
La primera es que la grabación provenga de alguien de su círculo más cercano. De ser así, estaríamos frente a una ruptura política o personal de enorme profundidad. Nadie registra una conversación de ese nivel por casualidad. Mucho menos la conserva durante meses para difundirla en el momento de mayor impacto político.
La segunda hipótesis es todavía más delicada. Que la grabación haya sido filtrada por alguna autoridad norteamericana interesada en incrementar la presión sobre el caso. Si ese fuera el escenario, significaría que el interés institucional de Estados Unidos permanece vigente y que Marina del Pilar y su entorno continúan bajo observación.
Existe una tercera posibilidad. Que quienes establecieron contacto con la gobernadora nunca hayan sido realmente funcionarios o intermediarios del FBI y que alguien haya simulado esa representación. Paradójicamente, esa explicación tampoco resulta tranquilizadora. Si una gobernadora fue engañada por personas que fingían representar a una agencia federal estadounidense, el problema dejaría de ser jurídico para convertirse en uno de criterio, inteligencia y seguridad institucional.
Las tres hipótesis son distintas. Pero las tres conducen exactamente al mismo lugar. Ninguna fortalece políticamente a la gobernadora.
Mientras tanto, Marina del Pilar permanece de forma recurrente en cualquier conversación política nacional donde se mencionan mandatarios estatales permanentemente cuestionados. Ahí aparecen una y otra vez los mismos nombres. Rubén Rocha Moya, Américo Villarreal, Alfredo Ramírez Bedolla, Alfonso Durazo y la propia gobernadora de Baja California. Independientemente de que exista o no una responsabilidad penal futura, ese solo hecho representa un enorme desgaste político.
Hace un año advertimos que Baja California corría el riesgo de entrar en una etapa donde el gobierno dedicaría más tiempo a administrar escándalos que a resolver problemas. Los acontecimientos de los últimos meses parecen confirmar esa advertencia.
No hay duda. Un gobierno pierde la gobernabilidad cuando deja de conducir los acontecimientos y dedica la mayor parte de su tiempo a responder escándalos, rumores y filtraciones.
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