Durante años en México se habló del narcotráfico como si fuera un asunto de drogas, rutas y capos. Esa imagen ya no alcanza. El narcotráfico tradicional no desapareció, pero mutó. En muchas regiones del país dejó de vivir solamente del trasiego de drogas y empezó a vivir también del control del territorio, de la extorsión y de la captura de actividades económicas legales.
Ese cambio es uno de los más peligrosos y menos discutidos de nuestra tragedia nacional. Ya no estamos solamente frente a grupos que trafican sustancias ilícitas. Estamos frente a estructuras criminales que cobran cuotas, fijan peajes de facto, deciden quién produce, quién transporta, quién vende y hasta quién puede trabajar sin permiso del delincuente en turno. Dicho de otra manera, en varias zonas del país el crimen organizado ya no sólo disputa plazas. Administra pedazos de la economía.
Y cuando eso ocurre, la violencia deja de expresarse solamente en cadáveres, balaceras, bloqueos y videos virales. También empieza a meterse en los costos de producción, en las cadenas logísticas, en las primas de seguro, en la inversión que se frena y en el precio final que paga la gente. Es decir, la inseguridad también se mete al mercado, a la cocina y al bolsillo.
Ahí están los ejemplos. Productores de limón en Michoacán han denunciado que grupos criminales les cobran cuotas por kilo cosechado. En el caso del aguacate, medios de comunicación nacionales han documentado desde hace tiempo extorsiones directas a productores y cobros adicionales al transporte. En el autotransporte de carga, las aseguradoras han elevado de manera brutal las primas en las zonas de mayor riesgo y muchas empresas han tenido que pagar seguridad privada para mover mercancías por carretera. Todo eso tiene un costo. La pregunta es tan obvia que por eso casi nadie en el gobierno quiere hacerla. Cuando a un productor le cobran cuota por kilo, cuando a un transportista le suben el seguro, cuando una minera tiene que gastar millones adicionales para proteger su operación, quién cree la autoridad que paga al final.
No lo paga el criminal. No lo absorbe con generosidad el intermediario. No desaparece por arte de magia en la contabilidad de una empresa. Lo paga el consumidor. Lo paga la señora que compra limón. Lo paga el comerciante. Lo paga el mercado. Lo paga la familia mexicana cada vez que algo cuesta más de lo que debería costar en un país donde el Estado hiciera su trabajo.
Por eso el daño del crimen no debe medirse sólo en sangre. También debe medirse en sobrecostos, en inflación silenciosa, en empleos más frágiles y en regiones completas donde producir o transportar mercancías exige pagar un impuesto clandestino. Un impuesto que no aprobó el Congreso, que no cobra Hacienda y que sin embargo millones de mexicanos liquidan todos los días sin darse cuenta.
Ésa es la gran mutación del narcotráfico en México. Ya no sólo mata, intimida o corrompe. También encarece la vida. Y ése es quizá uno de los retratos más humillantes del fracaso institucional. El Estado presume estrategia. El ciudadano paga la cuota. El gobierno habla de avances. La gente paga el limón, el aguacate, el flete y el miedo.
Cuando no se combate al crimen con eficacia, todo cuesta más. Así de simple. Así de brutal. Y así de mexicano.