Con el reciente reportaje de Quinto Elemento Lab, “Esclavos en la Sierra Tarahumara”, de Marcela Turati, Thelma Gómez Durán y Eliezer Budasoff, se puede observar la distancia tan grande que existe entre la clase política, sus preocupaciones, sus grillas y narrativas, frente a la terrible realidad que se vive en la degradación del narco y del crimen organizado.
Estamos frente a tres variables que no se modifican: 1) a pesar de que cambien los partidos políticos y el color de los gobiernos, se mantiene la incapacidad y la ineficiencia para medio resolver e impedir lo que señala este estrujante reportaje de periodismo de investigación de muy alta calidad. 2) Las estructuras y dinámicas del crimen organizado y el narco siguen operando y ganando más dinero, comprando más armas y controlando territorios como en la Sierra Tarahumara, expoliando poblados y rancherías y esclavizando a los más pobres y vulnerables. 3) Las condiciones de pobreza y marginalidad tanto en la zona serrana y en las colonias populares de las ciudades, siguen siendo carne de cañón para reproducir este régimen de esclavitud y explotación.
La mezcla de estas variables da como resultado lo que se muestra este reportaje. Si ya se sabía de la condición en la que se encuentran estos campamentos de esclavos del narco en la Sierra Tarahumara, ¿por qué no se hace casi nada para desmontarlos? La respuesta apunta hacia un Estado sin capacidad para enfrentar este gravísimo problema. ¿Qué Estado hay en la Tarahumara? Mientras la clase política está metida de tiempo completo en sus grillas para ver cómo se coloca para ganar el siguiente puesto electoral, y para modelar las reglas del juego a su favor, para que el partido dominante siga en el poder, los más pobres y vulnerables son presa del crimen organizado.
En el sur de la ciudad de Chihuahua hay una zona urbana llamada “Vistas Cerro Grande”, y el reportaje señala que es en ese territorio donde empiezan muchas de las tragedias de esta historia. Se trata de un “área urbana concentradora de pobreza, plagada de drogas y olvidada por el Estado, donde no hay oportunidades para nadie. Es el caldo de cultivo ideal para quienes se dedican a enganchar gentes para el narco: hombres endeudados por sus adicciones o por su paternidad precoz, sin credenciales mínimas para acceder a un empleo formal…”
Pero también se enganchan en las partes rurales, son jóvenes, adolescentes y muchos indígenas. El ciclo empieza con mentiras para pescarlos, ofertas de trabajo, similares a las que se usan en Jalisco y que llevaron a la experiencia del Rancho Izaguirre. Mentiras que muy pronto se vienen abajo y aparecen los mecanismos de coerción en esos múltiples campamentos, donde los obligan a cultivar amapola y marihuana; duermen en el suelo en cuevas, se alimentan con Maseca, sal, azúcar, agua; los drogan y los hacen adictos. Muchos de estos jóvenes no aparecen en las listas de desaparecidos; sus familias no hacen una denuncia, piensan que se fueron a trabajar, y que algún día regresarán. Los que se resisten a esas condiciones infernales de trabajo, los golpean y los torturan. Están “vivos a medias, muertos a medias”.
Se cuenta un rescate que hubo en julio de 2019, pero de ahí no siguió una acción importante del Estado, no hubo protocolos para proteger, contener y ayudar a las víctimas que habían sido esclavizadas. “El Estado ya los había abandonado hacía mucho tiempo”. Estamos frente a un fenómeno complejo en donde se mezclan, además de la pobreza, la violencia y el crimen organizado, la colusión y la indiferencia de la autoridad, la enorme impunidad. Todo ese panorama genera las consecuencias de lo que les pasa a esos jóvenes esclavizados: adicciones, miedos, locura y la perdida de un horizonte mínimo para salir adelante.
Estamos frente a una etapa de una enorme degradación del crimen organizado. Esos narcos que esclavizan y aplastan a los más pobres y vulnerables, frente a una autoridad incapaz. Pasan y pasan gobiernos, cambian los colores partidistas y el reclutamiento sigue tan campante con esos campos de concentración…
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