Pocas veces hemos tenido un panorama político tan complicado por la cantidad de actores y variables que se cruzan. El contexto de las relaciones entre México y Estados Unidos se ha complicado de forma importante. Cuando deberíamos estar concentrados en la renegociación del T-MEC, para lograr reglas que empujen el crecimiento de la economía, hemos entrado al laberinto de la narcopolítica, que coloca al gobierno contra la pared.
El caso de Rocha Moya en Sinaloa y las acusaciones a diez integrantes de ese gobierno; el asesinato de dos presuntos integrantes del cártel de Sinaloa; y la muerte de dos agentes de la CIA en Chihuahua, son algunos acontecimientos que han generado movimientos telúricos en nuestro sistema político. Rocha pidió licencia y el gobierno de Sheinbaum se ha encargado de pedir pruebas a Estados Unidos; ya se entregaron en ese país dos exfuncionarios del grupo de diez (Díaz y Mérida); García Harfuch ha declarado que no existen antecedentes ni investigaciones en contra de Rocha; el PAN ha pedido la desaparición de poderes en Sinaloa y Morena pide juicio político en contra de la gobernadora de Chihuahua, para emparejar la cancha.
El trumpismo se ha vuelto, quizá, la principal variable independiente en contra de la coalición gobernante, porque afecta y modifica la gobernabilidad del país. El gobierno de Estados Unidos ha subido el tono de las amenazas en contra de México. Funcionarios, como el director de la DEA, Terrance Cole, dicen que lo de Rocha es solo el principio y que vienen más expedientes sobre narcopolítica. El secretario de Guerra (Pete Hegseth) dice que espera un mayor combate contra el narco. La CIA niega que haga operaciones encubiertas en México, pero ¿cuándo ha reconocido sus operaciones? Trump ya amenazó con revisar el trabajo de la red de consulados de México en Estados Unidos. Tenemos una relación bilateral muy complicada, como no se había visto en décadas. De igual forma, el gobierno mexicano niega que existan esos operativos, pero importantes medios de Estados Unidos (CNN, New York Times) han revelado que sí existe presencia de la CIA en territorio mexicano. La presidenta declaró que la nota de CNN es una “construcción mentirosa” (EL UNIVERSAL, 14 de mayo de 2026). Sheinbaum ha defendido que las elecciones en Sinaloa en 2021 fueron aprobadas por las autoridades, como un argumento en contra de todas las evidencias de que el cártel de Sinaloa participó para que Rocha ganara.
La pugna entre Morena y PAN en la Comisión Permanente trata de llevar agua al molino de cada partido. El partido gobernante —con su nueva presidenta— ya empezó la campaña electoral en Chihuahua para pedir el juicio político en contra de la gobernadora Campos, a la que se acusa de traición a la patria. Encabezó una desangelada marcha en la capital de ese estado, pero fue un fracaso porque no se pudo tapar la cola electorera; el morenismo quiere ganar la gubernatura de Chihuahua en 2027, pero ya se resbaló. Con estas maniobras se observa a una clase política entrampada por las presiones de Estados Unidos, que anuncia: si México no hace su trabajo, lo haremos nosotros. Resulta que lo que se pensó como una oportunidad para Sheinbaum y Morena de limpiar la casa de impresentables, no ha prosperado. La nueva líder morenista dice que sus candidatos para las elecciones de 2027 serán intachables, quizá porque cada día le cuesta más a ese partido tener tantos impresentables en sus filas.
¿Vendrán más listas de políticos coludidos con el crimen organizado? Un dilema del partido gobernante apunta hacia el manejo de los dos tipos de incentivos, como dice Panebianco: ¿cómo generar una narrativa creíble y legítima para que los incentivos colectivos (identidad, solidaridad, ideología) dominen sobre los incentivos selectivos (el poder, las posiciones y los recursos)? Si a estas alturas se prefiere defender a Rocha, envolverse en la bandera de la soberania y negar la vinculación entre políticos y narcos, será muy difícil construir una legitimidad creíble para defendernos del trumpismo y competir en las urnas…
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