A su llegada al gobierno federal, Morena realizó una serie de modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública: reestructuró secretarías, desapareció áreas importantes, creó la figura de los “superdelegados” y centralizó las compras, entre muchas otras medidas. El argumento central del oficialismo fue que esos cambios servirían para acabar con la corrupción de quienes “buscaban enriquecerse” en la política.
Con ello dio inicio, oficialmente, la destrucción institucional del país, para que la clase gobernante -que de nueva no tenía más que las siglas partidistas con las que llegó— pudiera empoderarse aún más y controlar política y económicamente a México. Se acabaron las licitaciones para beneficiar, como por arte de magia, a los “aportadores voluntarios” del movimiento obradorista y a las familias favoritas del presidente: los López, los Alcalde, los Batres, los Taddei y un largo etcétera que se extiende por todo el territorio nacional.
La promesa de “NO ROBAR” fue una de las primeras en evidenciar que todo había sido una farsa con fines electorales. Al cierre de 2024, México se ubicó en el lugar 140 de 180 países: un retroceso evidente, pues obtuvo apenas 26 de 100 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción, de acuerdo con Transparencia Internacional. No solo eso: entre los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el último lugar en esta evaluación. El discurso de la honestidad terminó chocando con una realidad imposible de ocultar.
La mentira de acabar con la corrupción no fue la única promesa incumplida. Se juró y perjuró que el Ejército regresaría a los cuarteles para abrir una nueva etapa en materia de seguridad. Pero, como nunca antes, las Fuerzas Armadas y la recién creada Guardia Nacional participan en áreas que jamás imaginamos: se volvieron proveedores de todo y los constructores favoritos del régimen. Administran aeropuertos, trenes, aduanas y empresas, mientras su función esencial se diluye entre encargos civiles y negocios públicos.
¿Qué ocurrió, entonces, con la tarea primordial de garantizar la seguridad? Los datos duros señalan que los sexenios morenistas se encuentran entre los más violentos e inseguros de la historia reciente de México. Más allá de las estadísticas, los señalamientos sobre presuntos vínculos entre gobernantes morenistas y cárteles de la droga, así como el abandono de territorios frente al crimen organizado, mantienen a México entre los países más inseguros del mundo. La militarización no trajo paz; concentró poder sin resolver la violencia cotidiana que padecen millones de familias.
¿Y qué decir de la salud? Se prometió un sistema como el de Dinamarca, pero se entregaron servicios propios de Venezuela. Sin abundar en el desabasto de medicamentos ni en el deterioro de la infraestructura hospitalaria, la OCDE también coloca a México como el país miembro con mayor rezago en cobertura sanitaria y esperanza de vida. Consultas pospuestas, tratamientos interrumpidos y hospitales saturados desmienten, todos los días, la propaganda oficial. Para quien necesita atención, las comparaciones internacionales están lejos, pero la angustia y la desesperanza muy cerca.
Y, si de democracia hablamos, con Morena en el gobierno los organismos electorales ciudadanos se están convirtiendo en brazos operadores del poder: permiten adelantar campañas, rebasar topes de gastos, sancionar e inhabilitar a opositores y utilizar Palacio Nacional como búnker de campaña del partido gobernante. Sí, Morena está acabando con el INE y el TEPJF y, de manera igualmente grave, con la separación de poderes, cuyo ejemplo más patético es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El árbitro electoral, el tribunal y el gobierno responden al mismo proyecto y por eso, la competencia democrática se ha vuelto una simulación.
En todos estos casos —que no son los únicos—, el régimen ha manoseado los conceptos de derechos del pueblo, soberanía y humanismo. Morena gobierna mediante la manipulación de la narrativa, porque los verdaderos protagonistas a quienes se protege en esta historia de irresponsabilidad, crimen, mentira y corrupción pertenecen a la clase política gobernante. El “pueblo” es solo su pretexto, nunca su causa. Se le invoca en cada discurso, pero se le abandona cuando exige seguridad, medicinas, justicia, transparencia o instituciones que limiten los abusos del poder.
Así, en un nuevo capítulo de esta destrucción, el régimen canaliza todos sus esfuerzos a propinar un golpe mortal a la libertad de expresión por medio de lo que llama “derecho de las audiencias”. Su propósito nada tiene que ver con mejorar la calidad de la información que reciben los mexicanos a través de la radio y la televisión -luego irán por las redes sociales-; más bien, se trata de una burda estrategia para que el gobierno controle lo que se dice, lo que se publica y, casi, hasta lo que se piensa. Bajo palabras aparentemente nobles se esconde la tentación autoritaria de vigilar contenidos, premiar obediencias y castigar voces libres.
Ya he escrito sobre los lineamientos gubernamentales en materia del derecho de las audiencias, y existen miles de análisis que dan cuenta de la gravedad del tema. Sin embargo, abordé aquí otros aspectos del ejercicio del gobierno porque no son asuntos aislados: todo forma parte de un modelo político cuya pretensión es mantenerse en el poder, no atender mediante políticas públicas el desarrollo de la nación. La corrupción, la militarización, el deterioro sanitario, el debilitamiento electoral y el control de la conversación pública son piezas de un mismo rompecabezas.
Lo más grave es que el avance por este peligroso camino puede volverse irreversible si permitimos que Morena mantenga, sin contrapesos, el control político y electoral del país. No se trata de una disputa menor entre partidos ni de una diferencia ideológica pasajera, está en riesgo la posibilidad de que los ciudadanos podamos exigir cuentas, disentir sin miedo y sustituir a nuestros gobernantes mediante elecciones auténticas.
El régimen en México, colonizó las instituciones y ahora desde ahí, reparte privilegios, militariza la vida pública y pretende regular la palabra, por eso es fundamental defender la democracia, porque ello, nos exige reconocer el patrón completo antes de que la destrucción institucional sea presentada, otra vez, como una “transformación” en nombre del pueblo.
Política y activista
