Promesas de cambio sin cimientos

Desde el 1 de julio, las promesas de cambio y de la pacificación del país se han escuchado en cada rincón de México, derivadas de las declaraciones que han realizado los próximos integrantes de la administración federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador. A partir de ello, se han comenzado a oír las voces de diversos actores sociales, ya sea aplaudiendo o criticando las líneas de acción enunciadas. Lamentablemente, en el marco de este torbellino de entusiasmo y escepticismo hay una arista crucial que está pasando completamente desapercibida: las problemáticas locales de seguridad que deben ser atendidas por las autoridades estatales y municipales.

Hasta antes de las elecciones existía un consenso en el cual las políticas de seguridad debían enfocarse en contextos locales, donde la diseminación y pérdida de información relevante es menor y donde es posible reconectar a la ciudadanía con las policías. Tanto académicos y organizaciones de la sociedad civil estaban plenamente convencidas de que las grandes estrategias generales anunciadas con bombo y platillo estaban ya caducas. Dichos argumentos eran lógicos, puesto que el problema de seguridad de los municipios de Tierra Caliente no era el mismo que el de Ciudad Juárez, Chihuahua; el de Tijuana, Baja California; el de Reynosa, Tamaulipas; o, el de Huimanguillo, Tabasco; por citar muchos otros.

Otra evidencia de que una buena parte del problema se ubica en los contextos locales, es que los delitos considerados de alto impacto social son del fuero común. Esto significa que acorde con sus atribuciones les compete el control, atención, prevención e investigación de dichas conductas delictivas a las autoridades estatales y municipales. En función de este criterio, en diversos foros multitudinarios en los que todos hablan y aparentemente nadie escucha, hemos tenido conocimiento de una infinidad de diagnósticos que confirman que es necesario que los gobernadores y alcaldes se hagan cargo de sus responsabilidades en esta materia si queremos que la paz retorne a todo el país.

Bajo este escenario, se esperaría que las autoridades estatales y municipales contaran con una estrategia de seguridad, a partir de la cual se pudieran definir ejes de coordinación con las líneas de acción implementadas por la federación. Sin embargo, lo observado en días recientes demuestra que todavía tenemos esa obsesión por las grandes soluciones, por los elementos generales y las narrativas extensas. Debido a ello, pareciera que nuevamente estamos encantados con esa melodía que nos promete regresar a la paz de una manera relativamente sencilla mediante un giro de la política de drogas del país.

Al caer en esa tentación estamos ignorando lo fundamental: las problemáticas y responsabilidades locales en materia de seguridad y justicia. Esto es evidente debido a que la atención pública no ha reparado en las propuestas de quienes resultaron electos como gobernadores de la Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. En el proyecto Por un México Seguro que realizamos en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) nos dimos a la tarea de preguntarle a los candidatos por sus propuestas en áreas prioritarias de seguridad y justicia, con sus respectivos objetivos, indicadores de resultado, ruta crítica de implementación, los ajustes presupuestales que se requerirían para llevarlas a cabo, entre rubros. De los candidatos que resultaron electos como gobernadores conseguimos las respuestas de Claudia Sheinbaum, Diego Sinuhé, Enrique Alfaro y Adán Augusto López.

Sin embargo, no hemos obtenido respuesta alguna de Martha Érika Alonso, Cuauhtémoc Blanco, Cuitláhuac García Jiménez, Rutilio Escandón ni de Mauricio Vila del Dosal. Esto último quizá no solo revela que no están interesados transparentar y rendirle cuentas a la población en esta materia, sino que quizás no cuentan con una estrategia de seguridad. Cualquiera de las interpretaciones es preocupante, sobre todo si tomamos en cuenta la situación por la que atraviesan dichas entidades y el país mismo. En este sentido, vale la pena retomar los escenarios de riesgo[1] elaborados por el ONC en los cuales, por ejemplo, se puede apreciar que en el caso de Puebla hay importantes retos en cuanto al huachicoleo, al feminicidio, al incremento de diversos delitos de alto impacto como el homicidio doloso; en Morelos, los retos se centran en las desapariciones, fosas clandestinas, en los dos corredores de delitos que cruzan el estado; en Veracruz, las agresiones y violencia ejercida contra los periodistas, las desapariciones y fosas clandestinas; el alza de ciertos delitos de alto impacto como el homicidio doloso o el secuestro; entre otros.

Si exclusivamente consideramos los riesgos mencionados de estas tres entidades federativas, es evidente que estos difícilmente serán resueltos a través de las grandes soluciones que han sido expresadas por quienes formarán parte de la próxima administración federal. Ello se debe principalmente a dos factores, el primero de ellos es que no toda conducta delictiva ni ejercicio de violencia responde exclusivamente a la dinámica de cultivo, trasiego y venta de drogas, sino que pueden responder a otro tipo de fines e incentivos. El segundo factor es que para resolver estos temas que representan una proporción importante del problema nacional de seguridad, son determinantes las estrategias estatales y municipales en la materia.

Simplemente, para atender como se requiere las desapariciones forzadas e involuntarias, no basta con que exista una ley general en la materia ni que haya las instancias federales correspondientes; necesariamente deben constituirse las comisiones estatales de búsqueda y las autoridades de las entidades federativas deben llevar a cabo todo lo que se requiere para la adecuada implementación del marco normativo. Respecto a este tema, justo llama la atención que ninguno de los gobernadores electos contempló dentro de sus propuestas lo que harían para que la Ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas operara eficientemente en la entidad federativa correspondiente. Lamentablemente, en la opinión pública pareciera que queda la idea que este grave delito será atendido simplemente porque así lo prometió el próximo presidente de México.

Ha trascurrido más de una década en la cual la violencia y la delincuencia han trastocado la vida de miles de personas. Ha transcurrido más de una década en la cual la población no desea más que tener paz y tranquilidad en su vida cotidiana. Sin embargo, será imposible dejar atrás la crisis de seguridad si solo se apuesta por promesas de cambio sin cimientos, por promesas de cambio que carezcan de la adecuada atención de las problemáticas locales, por promesas de cambio que no conlleven el cumplimiento de las responsabilidades de las autoridades estatales y municipales.

Doria Vélez

Directora de Investigación

@Dorsvel @ObsNalCiudadano

[1] Los escenarios de riesgo pueden consultarse en http://onc.org.mx/mexico-seguro/