¿México en paz?

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No es sólo la pobreza

No es sólo la pobreza, pobreza
03/08/2018
00:53
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La próxima administración federal ha indicado que una de las principales estrategias para prevenir y reducir la violencia que azota el país es la de atacar la pobreza y atender la desigual distribución de los ingresos. Sin embargo, hay que detenernos un poco y reflexionar en torno a la pertinencia de una estrategia, pues se corre el riesgo de perder de vista que hay otras variables que deben atenderse enérgicamente, a saber, el fortalecimiento de las instituciones. De no ser así, existe una alta probabilidad de que los índices de violencia continúen al alza, y nuevamente seamos testigos de un fracaso en los programas para prevenir y reducir la violencia.

Los últimos doce años, la población mexicana ha sufrido una enorme cantidad de perdidas humanas debido a la violencia. De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, durante el periodo 2006-2017, en México se han iniciado 211 mil 749 carpetas de investigación por homicidios dolosos (SESNSP, 2018). En 2017 tuvo la mayor tasa con 20.7 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes (SESNSP, 2018), indicador mayor al de 2011, año en donde se suponía que se había tocado fondo en materia de violencia homicida. Y, por si fuera poco, la violencia parece no haber tocado su nivel máximo, pues se estima que el 2018 termine con una tasa mayor a la del año anterior, con un crecimiento de entre 6.6 y 15.8%, de acuerdo a distintos modelos de estimación realizados por el Observatorio Nacional Ciudadano en su estudio anual (ONC,2018).

El candidato ganador a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, y sus colaboradores, han indicado que su principal estrategia para reducir la violencia es atacar la pobreza, así nos lo han hecho saber durante la campaña y después del proceso electoral. La propuesta resulta atractiva, toda vez que significa un cambio de paradigma en la forma de comprender el fenómeno, las dos anteriores administraciones quemaron sus naves para inhibir la frecuencia de los homicidios intencionales con el incremento de la capacidad represiva del Estado, cosa que como hemos visto no fue efectiva.

Pero antes de poner en marcha una propuesta enfocada en la pobreza, es importante indicar que no basta mejorar las condiciones materiales de las personas para regenerar las relaciones de convivencia, pues el fenómeno de la violencia es más complejo de lo que aparentemente expresa. En países de la región, como Brasil y Colombia, se ha encontrado que la reducción de la pobreza no viene acompañada de la disminución de las muertes violentas o a la inversa que el incremento de la pobreza sea promotor de los homicidios, como lo es el caso de Bolivia (Briceño, 2015). Por otra parte, algunos estudios han mostrado que hay una relación más estrecha entre la desigualdad económica (medida por el coeficiente  de Gini) y la violencia homicidio (World Bank,2014), sin embargo, este tipo de correlaciones no profundizan o no detallan cómo teóricamente se relaciona estas dos variables, además de que no en todos los espacios esta relación esta presente, un ejemplo es la Ciudad de México, en donde las delegaciones más desiguales en ingresos no necesariamente son las más violentas.

De esta forma, es muy importante que los responsables, antes de diseñar de manera definitiva el plan para reducir la violencia, también tengan en cuenta lo importante que es fortalecer las instituciones, tanto las formales como las informales.  

Del lado de las formales, distintos actores de la sociedad mexicana han indicado lo fundamental que es fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, como, por ejemplo, la policía, las leyes, el ministerio público, la procuraduría, etc.  La idea es que crezca su efectividad, no solo que haya una mejoría cuantitativa, como lo hicieron los anteriores gobiernos: aumentar número de policías, incorporar las fuerzas militares en las tareas de seguridad o incrementar las penas. Más bien lo que se requiere es que haya mayor certidumbre de que las instituciones funcionan correctamente y que los homicidios cometidos no queden en la impunidad. Además, debe mejorar la confianza de que las instituciones operaran manera imparcial, para dejar de profundizar la desigualdad, la cual termina afectando en mayor grado a aquellos que no cuentan con los recursos económicos y relacionales para obtener seguridad y justicia.

Del lado informal, es importante fortalecer el capital social, esto es, incentivar las redes de confianza y colaboración entre la población, pues hoy como nunca los habitantes de las ciudades de nuestro país hacen importantes gastos para su protección, en lugar de confiar en los actores del entorno inmediato.  También debe fortalecerse un sistema de normas sociales en donde el quebranto a la norma sea descalificado, en otras palabras, que la violencia sea descartada de inmediato como mecanismos para la resolución de conflictos. Sin dejar de mencionar que la autoridad debe promover la organización ciudadana y su participación en los asuntos públicos, en lugar de verlo como una amenaza; la participación es un elemento vertebral si hay intención de transitar de un modelo de seguridad pública a una seguridad ciudadana.  

No estamos proponiendo que el enfoque de la pobreza y la desigualdad deban abandonarse para reducir la violencia, al contrario, es importante indagar cuáles son los alcances de medidas de esta naturaleza.  Sin embargo, no debemos de olvidar que hay otras situaciones que promueven la violencia y que no exclusivamente requieren transferencias del Estado para enfrentarlas.

 

José Ángel Fernández Hernández

Investigador del Observatorio Nacional Ciudadano

@DonJAngel

@ObsNalciudadano

 

 

 

 

El Observatorio Nacional Ciudadano es una organización de la sociedad civil que vincula a las organizaciones civiles para potenciar su incidencia en las políticas y acciones de las autoridades.

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